Las elecciones judiciales son inciertas. Fracasaron las gestiones del Poder Legislativo para acordar un mecanismo de selección de los postulantes. Lo hicieron mal porque plantearon, por ejemplo, que un funcionario público o un miembro del Poder Judicial puedan postularse, ignorando que la Justicia debe estar conducida por autoridades libres de injerencia político partidaria. Los procesos fueron demandados por inconstitucionalidad y no se conoce aún el fallo del Tribunal Constitucional al respecto. En realidad, los comicios para elegir magistrados vienen fallidos desde la primera vez que se realizaron y esto ha sido reconocido por todos en el país, incluso por autoridades gubernamentales del Movimiento Al Socialismo.

En las últimas horas, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, dejó claramente establecido que esa institución necesita por lo menos 120 días para la organización de los comicios y señaló que el plazo fatal debería ser julio de este año; de lo contrario, planteó que se barajen otras alternativas.

Sin embargo, el problema con las elecciones judiciales no es la fecha de su realización, sino la confianza que tiene la ciudadanía en ellas.

Hay que recordar que en los dos pasados comicios ganaron los votos blancos y nulos, lo que determinó que los magistrados seleccionados carezcan del respaldo popular que plantea la Constitución Política del Estado. Lo reconoció el mismo Evo Morales cuando era presidente el año 2014 en una entrevista con un medio internacional y varios de sus colaboradores siguieron la misma ruta posteriormente, incluyendo al actual ministro de Justicia, Iván Lima, cuando pretendía impulsar una reforma judicial que no se concretó.

Cuando el relator especial para la justicia de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, estuvo en Bolivia expresó su preocupación por la falta de legitimidad de las elecciones judiciales, dada la escasa participación del electorado, señala el informe que se dio a conocer cuando acabó su misión.

“Según el Órgano Electoral Plurinacional, la participación fue del 78% en 2017, uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se suele superar el 90 % de concurrencia. Otro aspecto relevante es que la mayor parte de votos fue en blanco o nulo. Según la información recabada, en los votos de 2017, el 53,8 % fueron nulos en el caso del Tribunal Agroambiental, el 53,76% fueron nulos para el Consejo de la Magistratura, el 13,5 % blancos para el Tribunal Agroambiental y solamente el 31,04 % fueron votos válidos para el Consejo de la Magistratura”, dice textualmente el documento.

Un grupo de juristas independientes impulsó un referéndum para abrir la Constitución y reformar la justicia. Este proceso fue obstaculizado por una serie de trabas y discursos que pretendían desacreditarlo, por lo que fracasó. Ahora la justicia sigue en condiciones deplorables, no hay fecha para cambiar a los magistrados, cuyo mandato fenece a fin de año, y se especula que la intención del oficialismo es aprobar una norma que prorrogue en sus cargos a quienes los ocupan en la actualidad.

En síntesis, si la justicia estaba muy mal hace un año, ahora está peor y sin posibilidades de mejora. Más aún cuando en el Legislativo se actúa más por consigna partidaria que por el interés de los bolivianos.

Es tiempo entonces de pensar con la cabeza fría en una solución de fondo, con plazos acordados que sean cumplidos con rigurosidad. El sistema judicial está más desacreditado que nunca, no merece la confianza ciudadana y eso genera incertidumbre y angustia a los bolivianos. Ahora, lamentablemente no alcanza con llamar a elecciones judiciales porque se corre el riesgo de repetir la historia profundizando el problema.