Si bien el MAS mantiene la unidad en el Legislativo y probablemente logre inscribir una sola candidatura el 2025, mantiene su encarnizada lucha en el día a día de la política nacional.

El Órgano Judicial y el Ministerio Público no son ajenos a esa disputa y, consecuentes con su accionar obsecuente con el poder de turno, optaron por alinearse con el gobierno de Luis Arce, abandonando al expresidente Evo Morales, a quien habían sido fiel durante 14 años.

En una democracia que respeta la separación de poderes, la justicia debería ser independiente y actuar conforme a derecho, sin embargo, en Bolivia no existen ni atisbos de ese principio, por el contrario, jueces y fiscales fueron serviles al gobierno de Evo Morales, luego al de Jeanine Añez y ahora lo son al de Luis Arce.

La prueba de este alineamiento se dio la semana pasada, en menos de 72 horas, cuando el Ministerio Público dispuso el cierre de dos casos de presunta corrupción que fueron denunciados por el evismo, dejando a las autoridades del gobierno libres de toda sospecha, pese a que en ambos se aportaron pruebas que asombraron al país entero por su contundencia.

El primero de ellos es el caso ABC, que fue abierto en Sucre con la acusación del diputado evista Héctor Arce de que se hubiera transado una coima de 18 millones de bolivianos en favor de ejecutivos de ABC por la adjudicación de una carretera a la empresa china CHEC. Lo sorprendente del caso es que había evidencias de que se hicieron cambios a la licitación en un hotel, que se halló el dinero de la mitad de la coima en una casa particular y que el testigo protegido del caso dejó un video grabado haciendo la acusación y que luego misteriosamente murió en EEUU.

Nada de eso le pareció raro a la Fiscalía y, como quien inventa una mentira para niños de pecho, dijo que el dinero hallado era en realidad un adelanto de la ABC para la empresa CHEC, como si los adelantos se pagaran en casas particulares y en efectivo. Todos los acusados fueron sobreseídos y quedaron libres de toda sospecha y mancha.

El otro caso cerrado es conocido como el de los narcoaudios, que públicamente fue denunciado por el expresidente Morales con audios atribuidos a jefes policiales que supuestamente ordenaron el repliegue de una patrulla antidrogas para que no destruyera fábricas de cocaína en el Chapare. Si bien Morales no presentó la denuncia, la Fiscalía inició la investigación de oficio, pero no llegó a ninguna conclusión y dictó el sobreseimiento de todos los acusados, igual que en el caso ABC.

Evo Morales tiene razón en reclamar por la manipulación de la justicia, pero no tiene ninguna moral para hacerlo, porque fue durante su gobierno cuando se sometió por completo a jueces y fiscales con el objetivo de aplastar a la oposición y a cuanto adversario se le cruzaba en el camino. El caso terrorismo y la persecución en contra de dirigentes cocaleros de los Yungas, son prueba de ese accionar.

Se podría decir que el jefe del MAS está probando de su propia medicina y que, si esta fractura del MAS persiste, probablemente él mismo termine siendo un perseguido político. Y el propio presidente Arce debería aprender la lección porque no retendrá el poder por siempre y en el futuro podría terminar siendo perseguido por los jueces que él mismo empoderó.

Estos últimos sucesos deberían persuadir tanto a Morales como a Arce de que es mejor contar con jueces independientes, idóneos y transparentes para no caer en las garras de un poder corrompido.

Si ellos, que son políticos poderosos, están expuestos al manipuleo judicial, los ciudadanos comunes están totalmente indefensos y sometidos no solo a la manipulación política, sino a la corrupción consuetudinaria. Para nadie es un secreto que se arman procesos judiciales con la única finalidad de extorsionar a las víctimas.

Ahora que se debate la forma de elegir a los futuros magistrados del Órgano Judicial, debería ser la oportunidad para que el sistema político encare un proceso transparente destinado a devolverle a los jueces la independencia perdida.