La falta de voluntad política del Gobierno y de las propias autoridades jurisdiccionales, la crisis estructural, el aumento de la desconfianza y la injerencia política, son los problemas que desgastan y deterioran el sistema de Justicia en Bolivia, coinciden juristas.

La directora de Fundación Construir, Susana Saavedra; el director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y exconstituyente, Rubén Darío Cuellar, y el exdiputado y exconstituyente Víctor Borda compartieron sus preocupaciones en torno al estado de situación de la Justicia en Bolivia, en el conversatorio organizado por la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Según Saavedra, la falta de confianza tiene un trasfondo vinculado a un anhelo de transformación que en los hechos no termina de responder a las expectativas de la ciudadanía. Por tanto, sigue siendo un tema pendiente de resolver.

“Definitivamente no hay confianza en el sistema de justicia y no es solo un criterio personal, sino que se plasma a través de diferentes estudios que miden la confianza en el sistema de justicia y sobre todo en el estado de Derecho”, sostiene Saavedra.

Un poder totalmente “desprestigiado” es el Órgano Judicial, cuya crisis estructural se arrastra desde hace mucho tiempo, pero que se ha profundizado y acelerado y que no solo afecta a la confianza del ciudadano, sino a la “existencia del estado de Derecho y del Estado mismo”, afirma Cuellar.

“Hoy la justicia es ineficiente, no es gratuita ni oportuna ni cercana al ciudadano. No cumple con ninguno de los objetivos como función específica de resolver las discrepancias entre ciudadanos”, dice.

Borda, exconstituyente y exdiputado del MAS, afirma que “no hay credibilidad” y “no hay justicia, sino injusticia en el país”, caracterizada por el nepotismo, la ineficiencia e ineficacia. “La justicia es ciega pero su sentido del tacto ha crecido enormemente, palpa las condiciones de los billetes y el favoritismo”.

El debate sobre la administración de justicia sigue en la agenda por los elevados índices de detenciones preventivas, por las cifras de encarcelados sin condena, por el hacinamiento en las cárceles, la retardación de justicia, la politización y la corrupción.

Cuellar ahonda en la crisis estructural, sostiene que “nada está funcionando bien, no quiero parecer exagerado, pero hay una desarticulación total de la justicia”, comenta al apuntar que las ofertas del gobernante Movimiento al Socialismo de reformas judiciales no se cumplieron.

En cambio, cree que se ha profundizado la desestructuración de los avances que se habían dado para llevar adelante reformas pero que la “transitoriedad” de los operadores de justicia ha representado un retroceso, comenta Saavedra.

“Un problema es la transitoriedad que existe y que ha sido erróneamente concebida en el proceso post aprobación de la nueva Constitución, ya que hecha por la borda un proceso de institucionalización que llevaba diez años, los jueces que ya eran de carrera y comenzamos de cero”, afirma.

Otro problema identificado es la politización y la falta de independencia, coincidencia a la que llegaron los tres exponentes. “La justicia nunca ha sido independiente y siempre ha dependido del Órgano Ejecutivo. No hoy, sino desde siempre”, admite el exdiputado.

¿Esta normalización no es preocupante?, Borda asiente y plantea que se deberían “garantizar los principios constitucionales para esa independencia”, aunque asume que no existe voluntad política. Sugiere una medida radical que es “desterrar” a todos los vocales y jueces.

“Una reforma estructural pasa no solo por una voluntad política, sino por desterrar a todos los operadores del Órgano Judicial, desde el portero hasta los vocales y jueces”, detalla.

Cuellar cree que mientras no exista voluntad política no cambiará nada, por ejemplo, no se trata del diseño del reglamento o de la convocatoria para la preselección de candidatos y candidatas al proceso electoral judicial, sino de una voluntad de transformar el sistema judicial.

“Las reformas estructurales tienen que abordarse desde la independencia”, añade la directora de Fundación Construir, quien cree que la independencia económica del Órgano Judicial es fundamental para evitar una subordinación al Ejecutivo.

¿Pero cuáles son las alternativas para enfrentar esta crisis?

El director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia está convencido que la ciudadanía debe despertar en su capacidad y conciencia de que es el único que puede modificar la realidad actual de la Justicia y pedir al Gobierno que implemente reformas estructurales en el sistema.

Por su parte, el exdiputado Borda insiste en “desterrar a los viejos jueces” a quienes apunta como otro de los actores que se oponen a las reformas estructurales, y que se cumpla el espíritu de la Constitución que es una preselección de aspirantes idóneos, con ética y moral para conformar los tribunales.

Aludió a aquellos jueces con procesos no solo disciplinarios, sino penales que siguen administrando justicia, incluso con una carga de imputaciones, dijo que esto es inconcebible.

Mientras que Saavedra apunta a la necesidad de un gran acuerdo nacional, “lo que está fallando es un acuerdo político de fuerzas políticas que más allá de los intereses partidarios piensan que tiene que llevar a cabo esta elección. (…) La única salida constitucional es la elección judicial. Es inconstitucional pensar en obrar por decreto o cualquier otra salida que no sea esa”.

Añadió que la transformación no se va a dar de la noche a la mañana, sino en 10 o 15 años, pero que es necesario empezar dando señales claras de esta voluntad de cambio.