La elección de magistrados establecida por la Constitución se ha convertido en uno de los problemas más engorrosos de la vida jurídica del país y ni qué decir de varias instituciones y de la población. El asunto no es nuevo, ya se presentó en la primera elección de hace varios años, cuando los resultados fueron dudosos y, finalmente, la solución fue fallida, al punto que se sugirió que no se vuelva a dar curso al invento populista.

Pasado el tiempo, llegó la nueva oportunidad de elegir magistrados por la misma vía que la anterior, pero la solución del asunto ha vuelto a embrollarse y se ha convertido en un maremágnum con una serie de vericuetos que permiten pronosticar que, en esta nueva oportunidad, la elección de magistrados por vía electoral directa será más complicada y sus frutos más amargos. Esta nueva “salida” es riesgosa, pues, pese a que la primera vez que se la practicó fue un error, ahora se está repitiendo ese procedimiento, lo cual significa caer en el mismo delito e insistir en la marcha hacia el abismo.

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La preparación para tener magistrados por vía electoral está ya llena de complicaciones de diverso tipo y tamaño. En primer lugar, la decisión de ir a la nueva elección pública de magistrados fue muy controvertida, al señalarse que se debía hacer algo para no caer en nuevos problemas, aunque ello hubiera significado una reforma de la Constitución.

Enseguida se aprobó que la elección de marras debía realizarse de cualquier manera y al Tribunal Electoral se le encargó preparar las condiciones para el evento. En efecto, así se hizo, pero la decisión final de ese asunto fue objeto de observaciones, críticas, etc. Y, finalmente, se tuvo que hacer reformas que se prolongaron durante varios meses y por lo menos en siete oportunidades. Inclusive una de ellas se produjo cuando el Órgano Legislativo ya había puesto en debate el proyecto de ley para elección de magistrados.

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Al final, el proyecto de ley fue puesto en discusión en la Cámara Baja y se produjo un escabroso ambiente, cuando el oficialismo quiso que la medida fuera aprobada sin dificultad ni tardanza, hecho que provocó que la oposición trate de hacer valer sus críticas, para que el documento sea correcto y evite dificultades futuras. Sin embargo, la consideración del asunto marchó por senderos peligrosos, empero fue aprobado, aunque esta nueva determinación cerrada causó una escandalosa gresca entre diputados, lo cual puso, una vez más, en tela de juicio el procedimiento constitucional o la vía electoral popular.

Ahora, apenas sancionado el proyecto en Diputados, ha pasado al Senado y allí parece que va a encontrar más piedras en el camino y actos de violencia, más aún porque el ritmo se está produciendo con creciente oposición. Al mismo tiempo, debido a que se está repitiendo el error de años pasados, es decir, el intento de entrar en terrenos pantanosos de donde es difícil salir y porque aún hay el riesgo de ser devorados por la vorágine política.

En todo caso, si se llegase a salir del laberinto, las elecciones para magistrados aún tienen que recorrer mucho camino para llegar a su total realización. Pero es necesario considerar que entonces puede presentarse una nueva etapa de dificultades, inclusive cuando el Poder Ejecutivo apruebe el proyecto de ley.

Finalmente, se puede decir de este embrollo electoral, que los magistrados ya están elegidos, que el pueblo votará por magistrados ya seleccionados, lo cual es resultado de un procedimiento fascista, colonial, ya que va de arriba hacia abajo, lo que no es democrático. Por ello se puede concluir con esta sentencia: “Lo que viene recto no trae arrugas”.