¿Qué está pasando en Bolivia? Las noticias estremecen por la violencia de los hechos. Tres feminicidios en una semana, historias de maltrato infantil, un homicidio-suicidio (como lo ha calificado la Fiscalía), ajustes de cuentas en poblaciones de la frontera, mayor inseguridad e incertidumbre ciudadana; hechos de corrupción que no se esclarecen y que contrastan con persecución por las ideas de las personas. Y, sobre todo, desconfianza de la población respecto a sus instituciones.

Se trata de señales de que el estado anímico está afectado, de que la gente vive en la incertidumbre y está cargada por la ansiedad y la angustia que eso representa. Pero, además, se evidencia una descomposición moral de la sociedad, motivada por la impunidad que sigue a los delitos, a las historias que se cuentan y que no son más que distorsiones de la verdad, a la falta de justicia que impera en el país desde hace ya muchos años.

Respecto a la violencia, a principios de año, el Relator Especial para la Justicia de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, ponía el acento en la necesidad de sentencias por casos de feminicidio e infanticidio y no hay que hilar muy fino para darse cuenta de que la falta de atención real a estos casos determina que se reproduzcan con saña y sigan golpeando a los hogares de las víctimas.

No hay seguridad jurídica para la propiedad privada rural ni justicia para los avasalladores de tierras, lo que origina que este problema continúe y que cada día se ejerza mayor violencia, sin que las autoridades nacionales responsables se inmuten por ello.

Las fronteras están desamparadas y se convierten en escenario donde la mafia organizada de contrabando y narcotráfico busca marcar territorio a punta de ajustes de cuentas, de amedrentamiento o de colusión de personas civiles y hasta policías con sus actividades ilegales. ¿Cuántos territorios sin Estado hay en Bolivia? Zonas donde hay seguridad privada armada que decide quién puede y quién no puede ingresar, lugares donde la presencia policial está vetada.

En cambio, ahí donde los culpables de los hechos pueden ser opositores, ahí es donde aparecen los fiscales, jueces y ministros comedidos para apuntar y condenar. En muchos otros casos de delincuencia no hay reacción, sino permisividad. Si no fuera así, no estarían los mercados inundados de mercadería ingresada ilegalmente al país, que compite de manera desleal con la industria boliviana.

En las últimas horas, el suicidio-homicidio del interventor del Banco Fassil ha consternado a todos los bolivianos. Es un hecho que asusta y que, 48 horas después de haber ocurrido, no está esclarecido. Si se ha llegado a esto es porque tampoco hubo institucionalidad ni ecuanimidad para fiscalizar a una entidad financiera que terminó eliminada del escenario nacional, dejando a más de 4.000 trabajadores sin ingresos y a miles de ahorristas en la incertidumbre.

Todos los hechos configuran un escenario complejo y desalentador para el país. Son señales que muestran que hay descomposición en muchas esferas del quehacer nacional. El Gobierno nacional mira de palco, pero nada hace para cambiar esta realidad y se va replicando a escala nacional, departamental y municipal. Basta con contar los hechos de corrupción que no son castigados, a los que se les busca justificación, como si la gente fuera tonta y fácil de engañar.

La falta de justicia configura un escenario de descrédito nacional. La falta de confianza es el peor de los problemas en el imaginario colectivo. Es tiempo de que los conductores de los diferentes niveles de gobierno reaccionen, antes de que Bolivia esté fragmentada, enfrentada y carente de fe en una posible solución a corto plazo.