A medida que se acerca el 6 de agosto, día que promete grandes concentraciones en Potosí, a propósito de las fechas patrias, suben de tono las arengas de los dos bandos que prometen convertir a la capital minera de Bolivia en el epicentro de la confrontación política que nos ocupa desde del 21 de febrero de 2016, fecha en la que el país se pronunció en contra de la cuarta postulación del presidente Morales, quien se niega a cumplir este mandato soberano.

Las mayores exponentes de la resistencia contra la violación de la Constitución, las plataformas ciudadanas, han decidido trasladarse en masa a Potosí para conseguir que la celebración por los 193 años de la fundación de la república se transforme un acto de defensa de la democracia y repudio a los intentos del régimen de involucionar a un sistema autocrático, al margen del estado de derecho.

El oficialismo cree que defender la democracia y exigir que se cumpla el mandato de la consulta constitucional que se hizo al pueblo, es un acto de provocación y de sedición y numerosos voceros gubernamentales, empezando por el vicepresidente García Linera, se han referido en términos despectivos y discriminatorios hacia los miembros de las plataformas, desatando al mismo tiempo una serie de amenazas de autoridades, dirigentes y activistas que han llegado a sugerir con atacar a los defensores del 21F, sacarlos a patadas y tratarlos como si fueran unos “borrachos intrusos” que ingresan a una fiesta ajena.

Es verdad que el Ministerio de Gobierno ha estado lanzando mensajes conciliatorios y ha prometido garantizar la presencia de las plataformas ciudadanas en Potosí, siempre y cuando no alteren el orden público. Lamentablemente hay demasiados ejemplos de tristes episodios ocurridos en los últimos años, en los que los movimientos sociales y todo tipo de entidades ligadas al oficialismo han actuado por su cuenta, han cometido desmanes, han protagonizado cercos y ataques armados, con la anuencia gubernamental y en el mejor de los casos, con la complacencia de la Policía que solo actúa cuando se trata de reprimir a sectores de la oposición.

Es inconveniente también que algunos integrantes de las plataformas y otras organizaciones que se han sumado a la cruzada a favor de la Constitución, caigan en la trampa de la provocación y recurran a posturas algo subidas de tono. En estas circunstancias no se trata de debatir aspectos relacionados a la calidad del gobierno, a la corrupción y los abusos del régimen que la ciudadanía tiene muy claros y que han minado la credibilidad del Gobierno. Lo que se debe dejar bien sentado es que no existe el mejor indicio de legalidad en intento de repostulación y que cualquier decisión que se tome al margen de las leyes, significará llevar al país por el camino de la dictadura. Esta es una lucha pacífica, racional y donde deben imperar convicciones y no la beligerancia.

El oficialismo cree que defender la democracia y exigir que se cumpla el mandato de la consulta constitucional que se hizo al pueblo, es un acto de provocación y de sedición y numerosos voceros gubernamentales, empezando por el vicepresidente García Linera, se han referido en términos despectivos y discriminatorios hacia los miembros de las plataformas.