La Ley N° 243 contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres de 2012 fue considerada como un fracaso por la Defensoría del Pueblo, según un informe emitido recientemente. El ente resalta que no se evidencia en la norma un mensaje preventivo del Estado, lo que continúa permitiendo la tolerancia a estas situaciones.

El informe destaca que desde la vigencia de esa ley, se reportaron 515 casos de Acoso, Violencia y Política (AVP) por el Ministerio Público, lo que refleja la cultura de denuncia adoptada por las mujeres autoridades, según un boletín institucional.

La Ley 243 se derivó tras el caso de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe ocurrido hace 11 años. Sin embargo, aún no hay culpables ni sentencias y sus familiares siguen luchando por justicia en el país.

La evaluación firmada por el defensor Pedro Callisaya mediante resolución del 16 de mayo de 2023 menciona problemas e identifica signos de violencia en los Compromisos de Gestión Compartida (CGC) y en los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC).

En el escrito, detallan que los problemas se presentaron en áreas rurales o periurbanas donde para cumplir con la paridad de género se logró aceptación entre las mujeres, pero bajo compromiso del hombre titular a renunciar a mitad de gestión y ningún legislador lo hace.

“El Estado boliviano incumplió con el deber de garantizar el debido proceso, el ejercicio de los derechos políticos, laborales y salariales; por ende, no garantizó a las mujeres — en particular a concejalas y asambleístas departamentales— el derecho a una vida libre de violencia, conforme lo establecido en los artículos 5,1, 23.1, 24, 25.1 y 26 con relación a las obligaciones generales de garantías establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH, artículos 3,4.f) g) y j),5 ,6,a) y7,a)b)”, establece el escrito.

Ante esta situación, el ente defensorial instó al Ministerio de Justicia a consolidar la institucionalización del Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en Situación de Acoso y Violencia Política con un reglamento de funcionamiento, organización, registro y atención de casos atendidos.

También recomendó al Tribunal Supremo Electoral coordinar con el Ministerio de Justicia y el Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización procesos para socializar información sobre prevención, atención y protección a mujeres autoridades.