Hoy se cumplen 11 años de la promulgación de la Ley 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que puso a Bolivia en 2012 como pionera en este tipo de norma. Sin embargo, esta legislación no logró controlar estas malas prácticas que impiden el desarrollo de las carreras políticas de mujeres autoridades electas en ámbitos locales, departamentales y nacionales. La cifra incluye asesinatos impunes, renuncias y sólo dos sentencias.

Así lo han reconocido representantes gubernamentales y de la sociedad civil que visibilizan los avances, obstáculos y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a la luz de la Ley 243, en una campaña impulsada por la Coordinadora de la Mujer, Casa de la Mujer, Centro Juana Azurduy, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija y Alianza por la Solidaridad /Action Aid, en alianza con Enraíza Tus Derechos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) del Estado Plurinacional de Bolivia. Dicha campaña cuenta con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y Generalitat Valenciana.

La Ley 243, pese a ser un ejemplo en el sistema interamericano por abrir rutas para la denuncia de acoso y violencia política, tropieza con la retardación de justicia. Este problema estructural debe ser resuelto con una reforma judicial, dijo la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.

A su vez, “los hechos de acoso y violencia política se naturalizan en la superestructura y en la mentalidad de los hombres porque llevamos una desventaja de muchísimos años en el mundo y en Bolivia en la participación política: votar, ser autoridad y ahora que respete y valore nuestra gestión pública”, explicó.

Desde la sociedad civil, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, indicó que se tienen aproximadamente un conteo de mil denuncias de acoso y violencia política en 11 años de la Ley 243, y apenas hay dos sentencias.

El primer caso contra Rafael Quispe, denunciado por la excandidata a gobernadora de La Paz Felipa Huanca; y el segundo contra Arturo Vegamonte, denunciado por la exasambleísta departamental por Cochabamba María Patzi.

En este último caso los hechos se registraron desde 2018, cuando Vegamonte, con el apoyo de otros dirigentes, presionó, amenazó y agredió verbalmente e intentó agredir físicamente a la concejala para que renuncie a la titularidad de su cargo y él asuma en su lugar.

“La Ley 243 no se aplica plenamente porque los concejos municipales, las asambleas departamentales, incluso la propia Asamblea Legislativa Plurinacional y las instancias gubernamentales aún no han modificado sus reglamentos de ética en función a esta norma”, detalló Sánchez. Otra de las falencias está en las organizaciones sociales, pues no cuentan con mecanismos para denunciar, agregó.

Hace falta comprender, indicó, que “la democracia y el sistema político se fortalecen cuando las mujeres estamos presentes en estos espacios, donde el acoso y violencia política se generan principalmente por la fiscalización que hacen concejalas y asambleístas”.

Cifras

De 326 autoridades mujeres, 58 asambleístas y 268 concejalas, el 47 por ciento fue víctima de acoso y violencia política, según la encuesta de la Defensoría del Pueblo, llevada a cabo entre agosto y octubre de 2022. La investigación realizada en nueve asambleas legislativas departamentales y 96 concejos municipales, 28% del total de gobiernos autónomos municipales del país, mostró que apenas un 25% de las víctimas denunció estos hechos.

La Ley 243 fue aprobada en 2012, dos meses después del asesinato por móviles políticos de Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, del departamento de La Paz.