La Fundación para el Debido Proceso (DPFL) analizó el reglamento de preselección para las elecciones judiciales y observó que la participación ciudadana sea limitada y que esto va contra la libertad de expresión. Planteó que las entrevistas a los postulantes sean realizadas por una instancia externa a los legisladores.

Citando el artículo 13 del reglamento referido a los equipos técnicos ciudadanos que indica: “Los miembros del Equipo Técnico no podrán emitir criterios públicos que puedan interrumpir el desarrollo de los procesos de preselección, en caso de incurrir en lo señalado ya no podrán participar del trabajo de la Comisión Mixta respectiva”, la Fundación sostiene que “además de restringir la libertad de expresión, debilita el control social del proceso”. En su momento, diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos también criticaron aquel artículo.

Mientras se esperan las sentencias constitucionales a un amparo y un recurso abstracto por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, el bloque masista aguarda que el Senado apruebe la próxima semana una ley corta para evitar que el proceso de elecciones judiciales sufra más retrasos. El acto eleccionario fue programado ahora para el 26 de noviembre, pero desde la oposición política sospechan que el Movimiento Al Socialismo (MAS) gana tiempo para designar por decreto a los magistrados.

La Fundación para el Debido Proceso calificó como un “avance importante” la participación ciudadana en el proceso de preselección de candidatos a tribunos, no obstante alerta que el requisito de presentar “una solicitud adjuntando copia de su personalidad jurídica” puede constituirse “en un requisito que limite indebidamente el derecho de petición, conforme el artículo 24 de la Constitución Política del Estado”. Los equipos técnicos ciudadanos deben además pagarse sus gastos de viaje, instalación y viáticos en la ciudad de La Paz, durante el tiempo que dure la fase de preselección.

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), observó en abril que grupos del MAS puedan presentarse como veedores en los equipos técnicos, lo que también puede afectar a la transparencia del proceso.

Sobre las entrevistas

La Fundación para el Debido Proceso plantea que las entrevistas a los postulantes deben ser reglamentadas, abiertas al público, que incluso debería participar planteando consultas y hechas por una instancia externa a los legisladores.

Si bien se advierte que las entrevistas son una atribución de las comisiones mixtas, “no se establecen los criterios que las orientarán”, por ello debe existir una reglamentación.

Sugieren incorporar preguntas concretas con las que se examine, además de los aspectos técnicos y de cualificaciones profesionales, elementos de ética, integridad moral y responsabilidad de las personas postulantes que participen, “inclusive, en esta etapa podría aprovecharse para transmitir preguntas sugeridas por la ciudadanía en general u organizaciones sociales interesadas como ocurre en otros países, como Argentina, México, Costa Rica y Honduras”.

Para asegurar un mecanismo de calificación imparcial, rigor técnico y prevenir eventuales conflictos de intereses, “se sugiere valorar la idea de conformar una instancia externa y plural, que realice esta labor”.

El documento recordó que Bolivia ya organizó elecciones judiciales en 2011 y 2017 “dos experiencias críticas”, por ello insistió en que “la independencia judicial” será vital para las próximas elecciones.

Algo que en 2022 ya advirtió el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, en su Informe sobre su visita a Bolivia. “La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas”, escribió García-Sayán.