En menos de 24 horas, la Justicia negó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una acción de libertad y, por otro lado, decidió 60 días más de detención preventiva, esta vez por el caso “decretazo”. De esa forma, la autoridad cruceña suma nueve procesos penales en su contra, con dos problemas de salud que lo aquejan.

El juez segundo Anticorrupción, José Quiroz, determinó el miércoles 60 días de detención preventiva para Camacho en el penal de Chonchocoro por el caso “decretazo”.

En este caso, el gobernador cruceño es procesado por haber firmado el Decreto Departamental 373 en el que se designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, y no al vicegobernador, Mario Aguilera. Fue imputado por tres delitos.

Un día antes, el martes, la justicia negó la acción de libertad interpuesta por la defensa del gobernador de Santa Cruz con el fin de resguardar su salud y su vida. No obstante, por una decisión judicial debe continuar recluido en Chonchocoro.

“El abuso que están haciendo es con mi libertad, pero no con mi salud, porque yo no he venido aquí a morirme. He venido a seguir defendiendo mis principios”, dijo en la audiencia y les pidió a los vocales que hagan respetar su derecho a la salud.

Camacho sufre estos últimos días una hipertensión arterial (presión alta) que no pudo ser controlada en la cárcel, bajó al menos 20 kilos de peso y el problema mayor que lo aqueja es el síndrome de Churg-Strauss, por lo que requiere que cada 21 días se le administre inmunoglobulina, suero que cuesta 17.000 bolivianos, el cual debe cumplir una cadena de frío y otros protocolos sanitarios, según sus abogados.

Uno de los abogados de la expresidenta Jeanine Añez, quien para este tema prefiere no dar su nombre, considera que lo que la Justicia decide para Camacho es similar a lo que decidió para la exmandataria. “A Jeanine Añez le negaron todo, incluso presentando informes y diagnósticos médicos. Ella tiene hipertensión, polineuropatía, derrame pericárdico y depresión. Se interpusieron varias acciones de libertad, sólo para que sea internada en un centro especializado, puesto que Régimen Penitenciario no tiene médicos especialistas, pero nada”, explicó.

Los otros procesos

Al caso “decretazo” se suman al menos ocho procesos penales en contra de Camacho. Uno de ellos es por el delito de violación supuestamente ocurrido hace 35 años, cuando el gobernador tenía 10 u 11 años.

Está procesado también por el caso Golpe I, en el cual cumple detención preventiva y hace poco esa medida cautelar fue ampliada. Otra denuncia abierta es por la supuesta compra con sobreprecio de un carro bombero para la Gobernación.

Otro proceso penal que se abrió a mediados de mayo es por el presunto avasallamiento en la zona acuífera de las Lomas de Arena, en el municipio de La Guardia.

El ministro de Obras Públicas se unió a las demandas y presentó una denuncia penal contra Camacho y otros por el presunto daño ocasionado a la Red Vial Fundamental de Caminos, en el marco de los 36 días de bloqueo que hubo en Santa Cruz por el censo.

Los otros cuatro procesos abiertos son fruto de denuncias presentadas contra el gobernador cruceño y otros desde diferentes flancos. Los cuatro tienen que ver con el paro de 36 días y Camacho está acusado de traición a la patria, resoluciones contrarias a la Constitución, terrorismo, atentados contra mandatarios, instigación a delinquir, organización de grupos paramilitares, daño a la propiedad pública y privada, lesiones graves y gravísimas, y conspiración.

En los últimos días, la familia del gobernador cruceño, entre sus hijos y su madre, denunció ante los medios que Régimen Penitenciario no vela por el estado de salud de Camacho, le impuso un régimen alimenticio que le hizo bajar de peso.

Los legisladores de Creemos alertaron que la vida de la autoridad corre peligro y que si algo le llega a pasar, los únicos responsables serán los funcionarios del gobierno de Luis Arce.