El Ministerio de Justicia en los gobiernos de Morales y Áñez fue el ministerio del sometimiento, chantaje y corrupción, donde se manejaba de forma vergonzosa e ilegal las instrucciones del Órgano Ejecutivo para que el Órgano Judicial cumpla y el Gobierno de Arce continúa con esta intervención al sistema judicial que es actualmente denunciado a nivel internacional.

Esta situación de hipercorrupción e inseguridad jurídica solo pudo ser posible en una sociedad inconsciente con bajo nivel de lectura e indiferencia hacia el conocimiento y paradójicamente el Gobierno de Evo Morales, que se jactó en esos 14 años de eliminar el “analfabetismo”, él mismo, incrementó en forma drástica el “analfabetismo funcional”, por la indiferencia y desidia al conocimiento, producto del exacerbado dogmatismo que afecta sobremanera al pensamiento crítico en la sociedad.

Hay que entender que el problema de la justicia es estructural e integral, por lo tanto, se tiene que eliminar el Ministerio de Justicia de la estructura del Órgano Ejecutivo por su efecto pernicioso para la independencia de poderes y ser factor de abusos y extorsiones, convirtiéndose en el ministerio de la injusticia y del abuso de poder al extorsionar y someter a los administradores de justicia de forma vergonzosa al capricho del Gobierno de Evo Morales y que continuó haciéndolo en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y se acentúa más en el gobierno de Arce, contrario a lo que pretenden hacer creer en el ideario colectivo.

Primeramente se debe cortar de raíz el mal endémico actual de politizar la justicia con el sistema de elección de magistrados, idea absurda que lo único que demostró fue la pala praxis política de sometimiento a la justicia y que ahora sea copada en el ejercicio de la administración de justicia, no solo por la mala selección, sino también por el fraude y el no apoyo ciudadano y sobre todo por la necesidad que tienen los supremos en recuperar su inversión de campaña igual que tiene el corrupto político, por lo tanto hay que volver a la meritocracia pero con un sistema de selección interinstitucional e intrainstitucional con participación de la sociedad civil en su conjunto en la formación de ternas para el Parlamento y Presidencia del Estado.

Se debe adecuar La Ley Nº 025 (2010) del Órgano Judicial a una nueva Ley del Sistema Regulatorio de Justicia que regule la buena administración de justicia, sustituyendo al actual Consejo de la Judicatura que es parte del problema y no de la solución, por su dependencia y clientelismo, convirtiéndose en una agencia de empleo y facilitador del intervencionismo por parte del Órgano Ejecutivo y es cómplice de la corrupción, ineficiencia y abuso de poder por parte de los malos funcionarios de justicia. Ahí radica la imperiosa necesidad de esta reingeniería jurídica. 

Es imprescindible crear instituciones de regulación que fortalezcan la institucionalidad del país para que los gobiernos de turno no las utilicen como agencias de empleo y fuentes de corrupción, aplicando los 4 elementos de la administración que son: planificar, organizar, dirigir y controlar, donde el control que toda institución estatal debe tener y no la ejercen por la injerencia política, pero se puede y debe lograr la transparencia e independencia del Órgano Judicial en base al control externo integrado de la administración de justicia, aplicando los principios del Diagrama VENN donde: S = Sociedad y/o (Usuario - litigante), R = República y/o Estado Plurinacional e I = Institución y/o (Operador - Órgano Judicial).

Los principios de la administración “Ejecutados de forma interna en la institución pública”
-Planificación. ... (0 – 100) %
-Organización. ... (0 – 100) %
-Dirección. ... (0 – 100) %
-Control. ... (0 – 10) %

Con el sistema integral regulatorio sectorial estatal – Sirse, “el control se ejecuta de forma externa independiente a toda institución pública”.
- Control. ... (0 – 100) %

El nuevo Órgano Judicial deberá estar constituido solo por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Agroambiental, que estaría interconectado al nuevo Sistema Regulatorio de Justicia sin tener dependencia directa alguna, con el fin de lograr su verdadera independencia del Órgano Judicial.

Es importante recordar que Bolivia tuvo varias crisis profundas en su historia que supo enfrentarlas con valor y firmeza como fue en la década de los años 80, con la “hiperinflación” donde crearon la Superintendencia de Bancos que, salvo la quiebra del Sistema Financiero, que el Gobierno de Evo Morales le cambió de nombre llamándole ASFI y convirtiéndolo en una agencia de empleo que no regula nada, como ejemplo tenemos la tardía intervención en la quiebra del Banco Fassil, ahora es cuando hay que salvar el sistema judicial.

La jueza Ximena Mendizábal supo actuar con dignidad y solo someterse al imperio de la ley y asumir el valor que tuvo Émile Zola, quien dijo: “Denuncio, ante la conciencia de la gente decente, esta presión que los poderes públicos ejercen sobre la justicia del país, son abominables costumbres políticas que deshonran a una nación libre”.

Ella ha reivindicado a todos los juristas del país proyectando el rayo de luz para la necesaria transparencia en el accionar del funcionario judicial con honestidad e integridad, contrario a los políticos que son parte del problema que proponen una diversidad de reformas judiciales de forma y no de fondo, donde quieren mantener el sistema de selección de los magistrados mediante voto popular y otras torpezas que solo bendeciría al político corrupto pero no al ciudadano común.

Los abogados debemos tener esperanza, fe y valentía, teniendo siempre presente que “la esperanza es desear que algo ocurra, la fe es creer que va a suceder, y la valentía es hacer que suceda”, por eso, se tiene que revitalizar la institucionalidad estatal con la implementación del Sistema Regulatorio de Justicia para liberar al Órgano Judicial del Gobierno de turno.