La Justicia ordenó este miércoles la detención preventiva por 60 días del gobernador encarcelado de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el decreto que firmó y designó a un secretario como gobernador interino, siendo que se tiene en funciones al vicegobernador Mario Aguilera.

El abogado Marcelo Aliaga, que patrocina a la parte denunciante, indicó en Bolivia Tv que “el juez ha dispuesto la detención preventiva por el plazo de 60 días, que debe cumplir en el penal de Chonchocoro”, donde se encuentra recluido desde el 30 de diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I.

Camacho es investigado por la emisión del decreto 373 de marzo de 2022, cuando viajó a Brasil. En el decreto delegaba sus funciones a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al vicegobernador Aguilera, vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Gobernación, pero luego fue retirado.

Después que Aguilera solicitó un informe de lo ocurrido, el exsecretario de Justicia Efraín Suárez dijo que la publicación temporal del decreto 373 “fue un error involuntario” de un funcionario de la Dirección de Desarrollo Autonómico y Normativo, unidad encargada de la administración de la Gaceta.

No obstante, el hecho reveló un distanciamiento entre Camacho y Aguilera, aunque algunos militantes del partido del gobernador (Creemos) intentaron matizar lo sucedido.

Camacho es acusado en este caso por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.

Aliaga expresó su disconformidad con la decisión de la justicia e informó que presentó una apelación para que se amplíe la detención preventiva a 180 días.

Un tribunal de alzada definirá en las siguientes 48 horas el destino de la petición.

En la actualidad, Camacho está con detención preventiva en la penal de Chonchocoro, emplazado en el municipio de Viacha, por el caso denominado Golpe de Estado I, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty.

Aprehendido el 28 de diciembre de 2020 por no presentarse a declarar ante el Ministerio Público, el también excívico fue enviado con detención preventiva por cuatro meses, medida que se amplió por un periodo similar el 26 de abril.

Es procesado por la comisión de los delitos de terrorismo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, uso indebido de bienes y servicios públicos; cohecho activo y asociación delictuosa.