La Fiscalía reactivó esta semana varios casos penales por cargos de terrorismo, además de delitos de corrupción, contra dirigentes y autoridades de Santa Cruz.  Ayer ordenó la aprehensión del concejal Federico Morón, de la alianza opositora Comunidad Autonómica (C-A), por un caso relacionado con la campaña electoral de 2021 y citó al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, bajo cargos 

Además, la Policía capturó el martes al vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) del Plan Tres Mil, Oswaldo Erwin Sánchez Vázquez. La Fiscalía pidió para él 90 días de detención preventiva, pero será un juez quien acepte o deniegue la solicitud en una audiencia, este jueves.

El fiscal Osvaldo Tejerina informó que Sánchez está acusado por la quema de la Clínica Odontológica Orest. Sucedió el 3 de enero durante las protestas que rechazaron la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Adelantó que hay otras 10 órdenes de aprehensión relacionadas con la investigación sobre los excesos en esas protestas.

“Calificamos esto como una persecución política, porque siempre se trata de amordazar, acallar a quienes pensamos diferente o a quienes, de alguna manera, nos atrevemos a cuestionar la administración del Estado. Creo que todos los bolivianos somos conscientes de que estamos atravesando uno de los momentos más críticos en el aspecto económico y todo el pueblo sabe que el Gobierno trata siempre de buscar temas de coyuntura para posicionar una cortina de humo para que el pueblo siga adormecido”, lamentó Cuéllar luego de cumplir con la citación de la comisión de fiscales que vino desde La Paz para interrogarlo sobre paro.

Cuéllar precisó que se acogió a su derecho a guardar silencio. “Esta denuncia no tiene pies ni cabeza y no había para qué gastar una respuesta que no tiene sentido. De todas maneras, vamos a estar prestos a cualquier convocatoria de esta investigación”, informó poco antes de considerar que este caso fue armado para perseguir de manera política a los miembros del Comité Interinstitucional que demandaron la realización del Censo de Población y Vivienda.

La denuncia de este caso fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022, pese a que los sucesos del caso en curso de investigación tuvieron lugar en Santa Cruz y no en La Paz.

Cuéllar dijo que la Fiscalía se ampara para ello en el Decreto 138 de 2009 que instruye que todos los cargos por delitos de terrorismo se deben investigar, “por encima de la normativa que establece el principio del juez natural”. Recordó que el Decreto 138 se aprobó por efecto del caso Terrorismo que tuvo que ver con el asalto al hotel Las Américas y que implicó un proceso internacional contra el Estado.

Entre los denunciados por este caso están quiénes formaron parte del Comité impulsor del censo: Rómulo Calvo (expresidente cívico), Cuéllar (rector de la Uagrm), Reinerio Vargas (vicerrector de la Uagrm) y José Luis Santistevan (abogado constitucionalista). Además del gobernador Luis Fernando Camacho, quien está detenido en la cárcel de Chonchocoro, pero por el caso llamado ‘Golpe I’.

Vicente Cuéllar llegó cerca de las 16:00 a las instalaciones policiales del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) que están en el Plan Tres Mil. Para entonces, el concejal Morón ya había cumplido tres horas aprehendido, pero sin asistencias de abogado.

En contacto con los periodistas, el jurista Diego Coimbra, indicó que la declaración de su defendido se produjo tras varias horas de aislamiento. Precisó que se abstuvo de declarar ante las irregularidades que se pudieron haber cometido en su aprehensión. Por la mañana ingresó por una causa relacionada con las irregularidades en la Empresa Municipal del Aseo de Santa Cruz (Emacruz) “y quedó aprehendido por otra causa”.

Coimbra dijo que la situación jurídica de Morón será definida este jueves por un juez que debe analizar la causa. Hasta ayer por la tarde, la Fiscalía no había presentado la imputación, pero ya lo había acusado de concusión y beneficios en función del cargo, delitos conectados con posibles cobros irregulares a personas que pudieron haber prestado servicios para la municipalidad o el Concejo de Santa Cruz de la Sierra.

“El concejal no es autor ni partícipe de un hecho delictivo, menos de cobros irregulares. A él se lo aprehende tras una simple declaración de personas que nadie las ofreció como testigos, que nadie las conoce y que nunca se han apersonado al Concejo Municipal. Por eso, esta medida (aprehensión) es una total arbitrariedad”, lamentó el jurista.

 “No hay ninguna otra prueba que pueda confirmar o ratificar ese extremo, por tanto, es absolutamente falso y en este mismo proceso hemos desvirtuado las otras declaraciones realizadas contra José Antonio Mendoza (comunicador de C-A), quien en su momento también fue acusado por los mismos hechos y hemos descubierto que incluso había audios y declaraciones falsas y ahora están con esa misma artimaña”, complementó.

Por su parte, Federico Morón pidió a sus familiares y amigos mantenerse tranquilos, pues aseguró que los policías se han portado bien con él. Además, indicó que esperará su audiencia cautelar y descartó haber cometido algún delito.

“Quiero que estén tranquilos, yo estoy aquí adentro (de las celdas) muy bien. Los policías se están portando muy bien. Por favor, solamente ocúpense de tranquilizar a la mamá y de tranquilizar a mi hijo, que hoy lo lleven donde su abuela, que yo de seguro debo esperar hasta la audiencia de mañana”, afirmó en un audio que envió por celular.

Morón señaló que la orden de aprehensión en su contra “viene de arriba” y aseguró que el caso armado en su contra es “absurdo”, por lo que cree que podrá demostrar su inocencia en su audiencia de medidas cautelares. “Esto es muy absurdo. Lo que me están haciendo va a caerse porque es absurdo y yo estoy tranquilo y firme en la lucha. Gracias por su apoyo, les mando un beso grande a todos y decirles a los concejales que no nos van asustar con esto”, indicó el concejal opositor.

Pero, Bernardo Montenegro, vocero de la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio, fustigó a los concejales de la tienda política de Morón. Manifestó que pretenden “tapar la corrupción” justificando que la aprehensión se debe a supuestos ataques políticos por parte de la comuna cruceña.

“Lo primero que se les debe recordar es que esta denuncia fue abierta de oficio por el Ministerio Público, el municipio se adhiere posteriormente. Gracias a las pruebas que venimos denunciado contra parte de la bancada de Comunidad Autonómica, hoy por hoy (los delitos) son inocultables”, dijo en conferencia de prensa.

El concejal Manuel Saavedra (Demócratas) llegó hasta la Delcc para expresar su apoyo al concejal y dijo que estas acciones legales intentan amedrentar las acciones de fiscalización de los opositores.

“Hay una denuncia que se está investigando sobre un supuesto hecho de corrupción y está bien que se investigue. Pero, hay otras denuncias sobre casos más visibles y relevantes contra la Alcaldía y no pasa nada. Esto es como un embudo. Ancho para unos y angosto para otros”, señaló Saavedra. Además, indicó que “con estas acciones hay más ganas de fiscalizar”.

 “A los sinvergüenzas hay que exponerlos; los sinvergüenzas tienen que entender que si detienen a uno y amedrentan o hagan lo que hagan, la gente se va a dar cuenta y no va a dejar pasar”, dijo.

De acuerdo con el concejal José Alberti (C-A) su bancada presentó 21 denuncias de corrupción hasta diciembre de 2002 desde que se inició la gestión del alcalde Jhonny Fernández. Muchos de estos casos avanzan sin detenidos.

Respecto al proceso contra el unionista del Plan Tres Mil, el fiscal Tejerina señaló que la audiencia de medidas cautelares estaba prevista para ayer, pero se postergó para hoy a las 8:30 porque el abogado del acusado no se presentó.

 “Es un acto negligente y deliberado del imputado, toda vez que el mismo goza, o por lo menos ostenta tener más de cuatro abogados, pero ninguno se presentó a la audiencia, generando de esa forma una causal de suspensión”, señaló Tejerina, quien advirtió que se buscará un abogado de oficio para la audiencia de hoy.

Martin Camacho, abogado de Sánchez, confirmó que no pudo asistir a porque tenía otra audiencia por un caso planteado contra el gobernador de Santa Cruz.