La Paz, 24 de mayo de 2023 (ABI). – La senadora del MAS Patria Arce informó este miércoles que se solicitará en el Senado la dispensación de trámites en el tratamiento y sanción del Proyecto de Ley Transitoria para garantizar elecciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

“Vamos a tratar de que sea con dispensación de trámite y ahorrar más tiempo, y ya de una vez retomar las actividades que tenemos y garantizar (las elecciones judiciales)”, indicó.

La también presidenta de la Comisión de Constitución del Senado recordó que hace unas semanas se tuvo una reunión con los vocales del Tribunal Supremo Electoral para “ajustar los tiempos y alcanzar también a los plazos que nos dice la ley" para las alecciones y posesión de las nuevas autoridades judiciales.

El proyecto de ley, aprobado la madrugada de este miércoles en la Cámara de Diputados, fija un plazo de hasta 70 días para preseleccionar a los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y de hasta 120 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice los comicios.

En dos ocasiones fue suspendido el proceso de preselección de candidatos en el Legislativo, por la presentación de recursos constitucionales en contra del reglamento de preselección de candidatos judiciales. Este trabajo está paralizado desde el 28 de abril.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados optó por elaborar una propuesta de ley transitoria con cinco artículos y tres disposiciones adicionales, para evitar una nueva postergación.

El artículo 3 del proyecto establece que el reglamento de la preselección de los candidatos será elaborado por las comisiones respectivas, para posteriormente ser aprobado por una resolución de la Asamblea.

Además, la iniciativa legal garantiza que la nómina de candidatos respetará la paridad de género.

Desde el 28 de abril el proceso de preselección de candidatos a magistrados fue suspendido por decisión del auto constitucional 186/2023 emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a raíz de una acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el diputado de Creemos Leonardo Ayala.

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