Vivimos una etapa de incertidumbre e inestabilidad económica, política y social, caracterizada, por la falta de dólares, la susceptibilidad con relación al sistema bancario, la incredulidad respecto a los indicadores económicos del gobierno, la preocupación por la descarnada confrontación al interior del MAS, el desánimo por la falta de un proyecto político alternativo, la desconfianza en el órgano electoral, así como en otras instituciones y la profunda preocupación por la creciente corrupción y descomposición social. Esta angustia común en la sociedad boliviana, está socavando la convivencia democrática y pacífica de nuestra sociedad.

La crisis política iniciada el 2013 con la repostulación inconstitucional de Evo Morales luego fue profundizada con el desconocimiento de los resultados del referendo del 2016 y dinamitada con el fraude del 2019, con la llegada del presidente Luis Arce al poder la crisis política no se ha superado porque el MAS se ha transformado en un simple proyecto de poder, cuya única aspiración es prolongarse en el gobierno.

Esta situación de crisis puede desembocar en enfrentamientos de las fuerzas políticas y sociales que podrían derivar en situaciones de violencia y descontrol de consecuencias catastróficas para nuestro país, situaciones que se los ciudadanos debemos evitar a toda costa.

Las libertades democráticas penden de un hilo y siguen vigentes las normas antidemocráticas del juego electoral. Por ello, más que nunca, se necesita reformar los mecanismos democráticos de la participación política ciudadana, uno de ellos está referido a las reglas electorales con las que se debe encarar la elección de autoridades nacionales, departamentales y municipales. Las elecciones de nuestras autoridades deberían ser una auténtica fiesta democrática, eso significa que no deberíamos permitir que el fraude del 2019 se repita y para ello debemos tomar todos los recaudos necesarios que eviten una situación así.

Es necesario abrir un amplio debate sobre los cambios que se necesitan en la ley del régimen electoral y en la ley de partidos políticos, de manera que se lleguen a unos consensos mínimos pero esenciales, que permitan que la participación de todos los partidos y organizaciones políticas se de en un marco de equivalencia de condiciones, en el que las reglas del juego electoral sean iguales para todos los participantes.

El debate sobre cuáles son las reglas de juego democrático que requieren ser cambiadas debe iniciarse inmediatamente y no esperar hasta el último momento y mucho menos cuando se inicien los tiempos electorales que politicen y contaminen los urgentes cambios y reformas que se necesitan introducir en las leyes electorales.

Entre estas reformas, a manera de sugerencia, y sin orden de prioridad, me atrevo a enumerarlas: 1. Nacionalidad de los candidatos, no es congruente que los comandantes del Ejército o el viceministro de Defensa tengan que ser bolivianos de origen y el presidente del Estado no, siendo además que es el capitán general de las Fuerzas Armadas 2. Primarias solamente cuando haya dos o más candidatos, no es lógico ni económico que haya primarias únicamente con un candidato 3. Control electoral nacional e internacional 4. Recuento manual de votos en todos aquellos casos en que existan observaciones 5. Financiamiento de los partidos políticos 6. Un voto un ciudadano 7. Prohibición de propaganda gubernamental e institucional 6 meses antes de las elecciones, prohibición de inhabilitación de candidatos por revelación de encuestas.

Seguramente existen otras propuestas de modificación que pueden ser debatidas y consensuadas para garantizar la transparencia del voto de ciudadano, es de vital importancia que todos los actores políticos lleguen a 2025 en igualdad de condiciones y sobre todo se evite cualquier irregularidad en el proceso de elección ciudadana y en caso que se presenten existan las garantías y recursos jurídicos para su pronta y oportuna corrección.