Las elecciones del 2025 serán trascendentales. No es una exageración. El 2025 nos jugaremos la oportunidad de recuperar el país de las garras de la incompetencia y la criminalidad del MAS. No podemos fallar. Despilfarrada la bonanza, sin gas que vender y sin Plan B que sostenga la economía, un nuevo gobierno del MAS solo implicará más represión, más corrupción y más injusticia. Será la única forma que tendrán de mantenerse en el poder. La receta la conocen muy bien. Es la misma que aplican sus socios en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Hay que derrotar al MAS. Pero es más importante, incluso, derrotar el paradigma populista sobre el que este partido ha construido su oferta electoral. El MAS ha sido muy hábil convenciendo a gran parte del electorado de que el Estado debe ser la punta de lanza del desarrollo y de que el progreso de las clases populares pasa por una batalla identitaria entre karas e indígenas o entre oriente y occidente. En suma, el MAS ha instalado un socialismo vegano en el que se tolera la apariencia de una economía de mercado en tanto y en cuanto el Estado la dirija y la controle. Un régimen, además, en el que el Gobierno coopta la justicia para amedrentar y perseguir a todo el que ose enfrentarle.

¿Y cómo derrotamos al paradigma masista? No lo lograremos con juntuchas y tibiezas. Para derrotar este paradigma deberemos ser capaces de enamorar al país con una propuesta revolucionaria, esperanzadora y valiente. Una propuesta frontal que no tenga miedo de decir las cosas como son y le muestre a la gente que cuando el Estado decide por nosotros el resultado es siempre el mismo: pobreza. Una propuesta que patee el tablero e instale una narrativa que le devuelva al individuo el derecho a decidir su propio desarrollo. Estoy hablando, por supuesto, de una propuesta liberal.

Un gobierno liberal empezará reformando la Constitución para terminar con el Estado Plurinacional y volver a la República. Esto es fundamental. El Estado Plurinacional es polarizador y esencialmente racista. Bolivia debe volver a ser una sola nación en la que todos son iguales ante la ley sin importar su origen, apellido o color de piel. Sin esta condición, no hay democracia ni liberalismo que valgan. El individuo aceptará gustoso la responsabilidad de su propio desarrollo si confía en que nadie tiene privilegios por pertenecer a un determinado origen étnico.

El segundo paso deberá ser la reducción del aparato estatal. Un Estado pequeño y eficiente deja espacio a la gente para que ésta decida su proyecto de vida. El Estado emplea actualmente 526 mil personas. Solo los empleados públicos constituirían la quinta ciudad más poblada en Bolivia después de Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba. Este número se podría reducir fácilmente a la mitad sin tener que reducir el número de maestros, personal de salud, Fuerzas Armadas y Policía. Reducir la burocracia estatal a la mitad le ahorraría anualmente al Estado unos $us 3.500 millones (lo cual es equivalente al nivel actual de las reservas internacionales netas) y además reduciría inmediatamente mucho de la tramitología que tanto dificulta la iniciativa privada.

La reducción del aparato estatal también implica eliminar las empresas públicas. Tenemos más de 70 empresas públicas y el 85% de ellas son deficitarias. Considere estos datos: al menos doce de estas empresas registran pérdidas desde el mismo día en que fueron creadas (Emapa, Mi Teleférico, Quipus, Cartonbol, etc.). Solo unas 20 empresas públicas le deben al Banco Central alrededor de $us 6.000 millones (un 15% del PIB). El crédito bruto del Banco Central a las empresas estatales representa más del 70% del crédito al sector público no financiero. Por donde se lo mire, entonces, las empresas públicas son un grifo permanentemente abierto por donde se nos van los pocos dólares que tenemos. Un gobierno liberal privatizará las que se pueda y eliminará el resto.

La reducción del aparato estatal deberá contemplar, además, la eliminación del subsidio a los combustibles por el que perdemos más de $us 1.500 millones al año. Esto es innegociable. Los subsidios no solo representan una pérdida enorme de dólares, sino que además distorsionan el sistema de precios generando una ineficiente asignación de recursos.

La reducción del aparato estatal generará importantes ahorros que deberán ser traspasados al sector privado eliminando y reduciendo impuestos. El Gobierno deberá además eliminar los controles de precios, los aranceles, los cupos a la exportación y las infinitas regulaciones en el mercado laboral. Lejos de “proteger” al trabajador, las regulaciones en el mercado laboral lo condenan al desempleo o al sector informal.

Una vez reducido el aparato estatal, abiertas las fronteras al comercio internacional y removidas la tramitología y regulaciones excesivas, un gobierno liberal destrabará el enorme potencial de capital subterráneo en diferentes sectores del país. Nuestros productores son hábiles, capaces y esforzados, pero no pueden acceder a capital para invertir porque en muchos casos su propiedad no puede ser usada como garantía. 

Los predios agrícolas chicos, por ejemplo, son inembargables por ley. Esto hace que muchos campesinos y pequeños productores no puedan acceder a créditos para comprar tractores y otros bienes de capital. Las propiedades medianas y grandes, por su parte, están sujetas a la “función económico-social” y deben verificar que la cumplen cada dos años. Si no lo hacen, los predios pueden ser expropiados. Esta obligación introduce una fuerte incertidumbre que hace que estas propiedades no sean aceptadas como garantía para préstamos. Solo cambiando estas regulaciones sobre la propiedad privada los pequeños productores podrían acceder a alrededor de $us 30.000 millones de capital productivo. 

Otro caso es el del transporte. El sistema de micros en Santa Cruz, por ejemplo, es un negocio de $us 300 millones anuales. Los micreros, sin embargo, no pueden acceder a créditos para mejorar sus vehículos o ampliar sus servicios porque no tienen propiedad sobre las líneas o tramos que recorren diariamente. Y así podemos seguir con los puestos de venta en mercados municipales, etc.

Esto es lo que Hernando de Soto describió como el “misterio del capital” en Latinoamérica. Los gobiernos de izquierda no están interesados en proteger o definir la propiedad privada de los productores porque prefieren mantenerlos dependientes de sus dádivas generando clientelismo e ineficiencia.

En reformas de segunda generación, un gobierno liberal se moverá hacia la privatización de la educación y la salud subsidiando la demanda por estos servicios con el uso de vouchers. Lejos de desproteger a la población, la privatización es simplemente la constatación de que los servicios públicos son pésimos y no tienen ninguna oportunidad de mejorar bajo el control de los políticos. Subsidiar la demanda con vouchers genera competencia entre proveedores y le devuelve la dignidad al usuario porque éste paga su derecho a ser atendido de la mejor manera posible.

Un gobierno liberal transformará al país poniendo al individuo, y no a los colectivos identitarios, al centro de la sociedad. El objetivo de los primeros 5 años será mover a Bolivia del puesto 167 del índice de libertad económica de la Fundación Heritage (de un total de 176 países) a uno de los primeros 100. Esto cambiará radicalmente los incentivos, atraerá inversión extranjera y favorecerá un vibrante clima de negocios. El resultado será un sostenido crecimiento económico, la apertura de muchas oportunidades de empleo en el sector formal y un salto cualitativo en los servicios para la gente.