Los gobernadores acaban de cumplir dos años en el cargo y, hasta la fecha, de los nueve, cinco enfrentan denuncias y procesos penales acusados de una serie de delitos que van desde terrorismo, uso indebido de bienes del Estado, instigación a delinquir hasta violación. Entre esas autoridades están el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; de La Paz, Santos Quispe; de Potosí, Jhonny Mamani; de Oruro, Johnny Vedia; y de Beni, Alejandro Unzueta.

De todos ellos, Camacho es el único que se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro y está acusado por delitos políticos. Mientras que Mamani, de Potosí, tiene detención domiciliaria con derecho al trabajo y con una posible segunda imputación.

Jhonny Mamani, Potosí

En enero de 2022 estalló el escándalo de la compra de 41 ambulancias que nunca arribaron a Potosí, pero en los documentos figuraban como si los vehículos ya habrían llegado. Por este caso, el gobernador Jhonny Mamani fue denunciado por asambleístas departamentales y los cívicos potosinos e imputado por delitos de corrupción entre ellos falsedad ideológica y material. En octubre de 2022, la justicia le dio detención domiciliaria con derecho al trabajo.

La gestión del gobernador Mamani “pende de un hilo”, dijo a Página Siete el asambleísta departamental Jaime Flores, ya que además de ese caso tiene otra denuncia por la compra irregular de tres vehículos y una tercera denuncia por la adquisición con presunto sobreprecio de pruebas antígeno nasales en la época de la pandemia del coronavirus. Es por este último caso que la situación de Mamani se complica.

“La situación jurídica del gobernador Mamani es delicadísima. Está pendiendo de un hilo porque con una segunda imputación puede ser que se le revoquen las medidas cautelares que tiene actualmente dentro del proceso de las 41 ambulancias y la justicia tome la decisión de detenerlo de manera preventiva y, con ello, el impedimento de poder ejercer el cargo de gobernador de Potosí”, dijo Flores.

Santos Quispe, La Paz

El achacacheño de 40 años que está a cargo de la Gobernación de La Paz, Santos Quispe Quispe, en los dos años como autoridad ha protagonizado hechos con ribetes de escándalo, como usar su oficina para consumir alcohol, conducir en estado de ebriedad, una administración deficiente e incluso una denuncia de violación sexual a una exfuncionaria, según el recuento del asambleísta Israel Alanoca, quien califica su gestión como “vergonzosa, ineficiente e improvisada”, en la que no existe ninguna obra de impacto para el departamento.

Entre los hechos más bullados que protagonizó Quispe está el “caso borrachera” de febrero de 2022 cuando fue sorprendido tomando alcohol en su oficina junto a otros servidores, entre mujeres y varones. Por este caso, asambleístas departamentales lo denunciaron por uso indebido de bienes del Estado. Fue aprehendido y la justicia le dio detención domiciliaria con derecho a salidas laborales. Después de siete meses fue eximido de culpa y se emitió una resolución de sobreseimiento dejando libre de culpa a Quispe.

En agosto 2021 fue denunciado por uso indebido de un vehículo oficial con el que habría provocado un accidente de tránsito. Al final un juez lo absolvió de culpa.

El último caso contra Quispe es por una denuncia de violación que recibió la Fiscalía de parte de Danitza P.L., una exfuncionaria que dijo que sostuvo una relación con Quispe en 2022. La autoridad acudió a declarar a la Fiscalía de El Alto donde la justicia determinó que se defienda en libertad.

De su lado, Quispe se declaró perseguido político y dijo que tiene 14 procesos que sólo buscan perjudicar su gestión.

Luis Fernando Camacho, Santa Cruz

El cruceño Luis Fernando Camacho Vaca, de 44 años, considerado como el líder opositor más fuerte al gobierno del MAS, es el único que está preso desde el 30 de diciembre de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro con detención preventiva por el caso “golpe I” en el que está imputado por terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de servicios públicos.

Además de ese caso, el Gobierno y el MAS presentaron otros cinco procesos penales entre los que están el delito de supuesta violación que habría pasado hace 35 años; el caso conocido como el “decretazo” por la aprobación del decreto departamental 373; otra denuncia es por la presunta compra irregular de un carro bombero; por los 36 días de paro que demandaba la realización del Censo de Población y Vivienda en 2022 y el último proceso abierto contra la autoridad es por el avasallamiento a Lomas de Arena, un sector acuífero donde se asentaron avasalladores.

Desde la cárcel, el gobernador cruceño denuncia constantemente que es un “preso político” del MAS y que se encuentra en calidad de secuestrado.

Oruro y Beni

En el caso de Oruro, su gobernador Johnny Vedia fue denunciado por asambleístas departamentales evistas por haber realizado un viaje a España para promocionar el Carnaval de Oruro a una feria cuando ésta ya había terminado.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, según la asambleísta Carolina Lino, quien, junto con otros 16 asambleístas, acusa a la autoridad y a otros funcionarios de la Gobernación de 12 delitos, entre ellos: falsificación de documentos, uso indebido de bienes del Estado y asumir cargos de forma ilegal. En el caso también está involucrada su pareja sentimental Carolina Revilla, una presentadora de televisión orureña con quien habría viajado haciéndola pasar por funcionaria de la Gobernación, según la denuncia.

Otro de los casos se refiere a la del gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, quien en febrero de 2022 fue denunciado junto a otros funcionarios y personas particulares por una presunta malversación de fondos en el mantenimiento de un tramo carretero entre Trinidad y Sachojere. La denuncia fue presentada en la Fiscalía por el asambleísta Limbert Herbas, del MAS. Se conoce que la Fiscalía imputó a los funcionarios y no a Unzueta.

En 2021 la autoridad enfrentó otras denuncias como la compra de vehículos por 100 mil dólares. La Gobernación rechazó esa acusación y afirmó que no se realizó ningún desembolso.