El año 2006, la mayoría de ciudadanos/as  bolivianos eligió a la fórmula del MAS encabezada por Evo Morales y Álvaro García. El entusiasmo de sus electores fue muy grande ante las promesas de inicio de un proceso de cambio para transformar a Bolivia en un país incluyente social, económica, cultural  y políticamente, de distribución de la riqueza generada por la venta de minerales, gas, petróleo y las ganancias de las industrias que el Estado crearía; asimismo, las garantías de acceso a la Justicia para todos, transparencia en la gestión pública y lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Transcurridos 16 años en el poder, evidencias irrefutables dan cuenta de que la situación de miseria intelectual, ética y moral de los gobernantes ha superado con creces la de sus antecesores y ya no solo en las altas cúpulas, sino en la base misma de la sociedad, al extremo que se ha perdido la capacidad de reproche e indignación ante la corrupción, el narcotráfico, la violencia machista, extorsiones, contrabando, legalización de vehículos robados y otros ilícitos que involucran a ministros, viceministros diputados, gobernadores, senadores, alcaldes, miembros del Órgano Judicial y el Ministerio Público y otras altas autoridades, al extremo de sufrir la humillación pública internacional ante la constatación de que en Bolivia se legaliza el robo de vehículos, tanto que quien amasa su fortuna por esa actividad es parte del Órgano Legislativo y puede libremente exportar cerca de un millón y medio de dólares a bancos del exterior sin que nadie investigue el origen de esa fortuna y menos sea procesado por enriquecimiento ilícito, o que los vehículos robados son usados como prebenda por el jefe de Estado y otras autoridades para garantizar el apoyo político de los líderes receptores.

Claro, nada de esto sería posible sin el sometimiento indigno del Ministerio Público y el Órgano Judicial al Gobierno. Duros y creativos para sentenciar de facto a cadena perpetua a opositores al régimen mediante los grotescos mecanismos como la ampliación de detención preventiva e inicio de procesos por nuevos delitos hasta agotar los contenidos en el Código Penal; pero, para los del oficialismo, escrupulosos en la aplicación de principios de presunción de inocencia, debido proceso, detención preventiva solo por unos días aunque los delitos fueran gravísimos y en flagrancia. En este concurso de qué ala del MAS es más eficiente, el fundador dueño de la marca registrada se indigna, no soporta la competencia de sus pupilos.

¿Hoy, habrá gente que se dice honesta que apruebe el gran legado del proceso de cambio?

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]