Los procesos electorales en los regímenes democráticos, es decir, en los que hay incertidumbre en los resultados electorales y el oficialismo puede ser derrotado, se han convertido en fenómenos mediáticos mundiales. Hace unas décadas, las elecciones de un país despertaban poco interés en otras latitudes, e incluso en países de la misma región. Pero en la actualidad, gracias a la inmediatez de la conversación digital, encontramos a especialistas y a gente interesados en los procesos electorales de países ajenos a la realidad de sus propios países.

El interés por estos comicios incluye no solo la jornada de votación, sino también la fase prelectoral y, sobre todo, la postelectoral, más aún si los resultados son puestos en duda o incluso impugnados ante instancias judiciales.

El acceso a la conversación digital, aunado con el auge de la polarización política, ha convertido a los procesos electorales en verdaderos espectáculos en los que simpatizantes y detractores de los candidatos usan las redes sociales para expresar su conformidad o descontento con los resultados.

Los medios de comunicación, por su parte, han aprovechado esta situación para maximizar su impacto. Muchos de ellos se han convertido en la fuente de información exclusiva de algunas agrupaciones, de manera que se ven con el compromiso de publicar contenidos que coinciden y refuerzan las convicciones de sus consumidores. Este proceso ha deteriorado notablemente la calidad del periodismo e incentivado el extremismo en ciertos grupos que, de manera dogmática, aceptan lo que sus medios predilectos publican.

Desinformación y confianza

Desde hace años, organizaciones y agencias internacionales, así como organismos electorales, buscan soluciones para que la desinformación no afecte la confianza en los procesos comiciales. Sin embargo, no ha sido tarea fácil, ya que es un problema multifactorial y está demostrado que la desinformación viaja mucho más rápido y es más atractiva que el posterior fact-checking.

Una de las ideas más atractivas (y nocivas) en los procesos electorales es la del fraude. Es decir, que sin elementos que argumenten la denuncia, se fomente el desconocimiento de los resultados por supuestas prácticas fraudulentas.

Según el director del Departamento para la Cooperación y la Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, “cuando la idea del fraude se adueña de la opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o argumento que pueda convencerlo de lo contrario. Sumado a esto, los medios encuentran en alegatos de fraude una oportunidad tentadora de generar ratings y vender periódicos con la publicación de titulares sensacionalistas”.

Lamentablemente, esta situación no es extraordinaria, por el contrario, podemos decir que, de una u otra forma, la mayoría de los últimos procesos electorales en la región han sido víctimas de esta idea.

Las elecciones de Brasil del año pasado supusieron un esfuerzo enorme tanto para el Tribunal Superior Electoral (TSE) como para los fact-checkers, que tuvieron que enfrentar una avalancha de desinformación en la fase prelectoral, así como en la postelectoral. Durante los meses previos a la jornada electoral, el mismo presidente Jair Bolsonaro aseguraba que las urnas electrónicas eran vulnerables y que se podía fraguar un fraude. De esta manera, se generó desconfianza en un sistema de votación que ha funcionado adecuadamente por más de veinte años.

Posteriormente, luego de conocerse su derrota, la desinformación se centró en alimentar la idea del fraude, lo que dio pie a las manifestaciones de decenas de miles de simpatizantes del entonces presidente para exigir que se reconociera su victoria.

Otro caso que tuvo un impacto mundial fue el de la denuncia de fraude del expresidente Donald Trump, quien, junto a su abogado, Rudolph Giuliani, recorrió estudios de televisión e instancias judiciales asegurando que habían sido víctimas de un fraude masivo. Algunas cadenas de noticias como Fox News difundieron activamente esta idea, acusando incluso a algunas empresas desarrolladoras de tecnología, como Dominion Voting Systems o Smartmatic. Algunos de los periodistas de la cadena y de los invitados a sus programas aseguraban que las máquinas de votación habían sido manipuladas y, por lo tanto, la elección de Joe Biden era fraudulenta.

Las empresas acusadas tomaron cartas en el asunto y acudieron a la justicia acusando de difamación a la famosa cadena de noticias. Dominion Voting Systems solicitó una indemnización de 1.600 millones dólares y Smartmatic, otra de 2.700 millones de dólares.

El pasado 31 de marzo, poco más de dos años después de las elecciones de 2020, el Tribunal Superior de Delaware dictaminó que ninguna de las declaraciones que hizo Fox News sobre Dominion era verdadera y ordenó un juicio para determinar si la cadena había actuado con real malicia. Ante esta situación, la cadena arregló con la empresa un pago de 787 millones de dólares para evitar el juicio.

La democracia es un bien intangible, invaluable, pero atacar y poner en duda a sus instituciones de manera injustificada e irresponsable debe tener un precio.