Desde que el régimen masista decidió romper con los resguardos constitucionales para prorrogarse en el gobierno ignorando el mandato vinculante del 21F del conjunto del país, sus instituciones -cada vez menos merecedoras de tal calificativo- han venido en declive de una manera que parece imparable y afecta más allá de la política, con todo y la importancia de ésta en distintos órdenes. Y no es que antes todo fuera apegado a derecho, pero allí hay un hito de claro desborde.

Las noticias de corrupción de funcionarios públicos de los niveles más altos saturan los medios y las reacciones más fuertes son simples renuncias y un poco de bulla y falso afán del aparato represor del régimen, los dizque operadores de justicia, que pasado el breve lapso de rating “arreglan” con los nuevos ricos. Entretanto, ya habrá nuevas noticias, denuncias y el ciclo de impunidad se repite sin recuperación de fondos públicos perdidos entre la insaciable voracidad de los azules de un lado y otro. Como trasfondo, la agria disputa entre los partidarios del Presidente en funciones y los evistas, con aires de fiscalizadores severos. Inocultable el motivo de la confrontación: quién será la cabeza del siguiente periodo de este irreversible deterioro, que indudablemente tiene contornos morales también.

Porque el grado de decadencia es tal que nada funciona como se esperaría en condiciones normales -que no digo óptimas-. Ni en lo grande, ni en lo pequeño. Por ejemplo, la ASFI, que se ha mostrado lenta e ineficiente con el asunto del banco Fassil, lo es también con un reclamo elemental como el mío ante el BNB, que cobra comisiones por giro casi el doble de lo que anuncia en su página web, y pese a cumplir los procesos de reclamos, más por resistirnos a la arbitrariedad que por recuperar fondos indebidamente cobrados, sólo se reciben dilaciones en casi dos meses de “procesamiento del reclamo”.

Aquí no hay riesgos de vida como el increíble caso del llamado “bebé Alexander” y el médico injustamente acusado y hasta ahora con enredos judiciales, a diferencia de la jueza prevaricadora que ya está libre y dicen ahora en rol de acusadora. O de los reiterados reclamos sobre las condiciones técnicas de las naves de BOA, que cualquier rato nos golpeará con la noticia de una catástrofe como la Lamia en noviembre del 2016, con evidentes conductas negligentes en la gestión técnica.

Ni qué esperar en relación a los grandes problemas económicos que se avecinan como negros nubarrones y con todas las advertencias de los entendidos y los no tan legos -ciudadanía informada-, solo reciben rechazos de los oficiosos responsables del manejo de esas gestiones minimizando su gravedad como si tal recurso de avestruz disipara esas amenazas.

Este rápido recuento por ejemplos a manera de elocuentes casos emblemáticos debiera rematarse con la esperanza de un cambio por llegar merced a una respuesta desde las fuerzas opositoras, pero lo dramático es que no hay tal. Fuera de meritorios intentos y gestos de denuncia de mayormente jóvenes asambleístas, el resto de la clase política en sus diferentes expresiones y regiones, parece atenerse a esperar “su momento”, cuando -presumen- el conjunto del país los aclamará como salvadores y eso es sólo una ilusión, pues ninguna cosa seria en política aparece de la nada, por mucho que sea el ámbito de la contingencia y la fortuna por excelencia. Por eso, lo de “larga decadencia”, que para efectos de esta circunstancia tiene contornos de eterna.