Saber que un exministro fue capaz de cobrar casi 20 millones de bolivianos en coimas, que funcionarios de Migración se mancharon las manos traficando con seres humanos, que empleados de la Alcaldía de La Paz robaron asfalto de la ciudad, por sólo citar los casos que se conocieron en la última semana, nos lleva a preguntarnos en manos de quiénes está el país, cuáles son los criterios con los que se selecciona a los servidores públicos y cuál es el compromiso de estas personas con la ciudadanía.

La raíz de toda esta podredumbre puede estar en que se seleccionan funcionarios públicos, no por sus méritos para el cargo, sino por su militancia política, por el aval de los movimientos sociales, por las redes de parentesco y amistad que se tejen en el poder o, lo que es peor, porque hay que devolver a tal o cual “compañero” o “hermano” lo que invirtió en la campaña electoral. Estamos, entonces, ante la evidencia de que los partidos políticos nacen como estructuras destinadas a medrar del Estado y no para servir a la sociedad.

Todo acto de corrupción es execrable, pero, el nivel al que llegó el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, es hasta ahora inédito, no precisamente por la cifra, que se asemeja al monto de una sola coima en ABC, sino por el burdo intento de lavar el dinero haciendo compras aquí y allá.

Según la Fiscalía, los palos blancos de Santos adquirieron un enorme frigorífico, dos haciendas, cinco vehículos de lujo y 27 inmuebles en Pando y Tarija. Y, para mayor evidencia, el propio Santos hizo transferencias de dinero a sus compradores compulsivos. Su problema no era el peso de conciencia o cosa parecida, su problema era cómo gastar la enorme cantidad de dinero que recibía en efectivo en su oficina de la Casa Grande del Pueblo.

Santos está en la cárcel, pero seguramente no tardará mucho en salir para disfrutar de lo robado. Lo que queda por hacer es una reflexión de cómo frenar este flagelo que carcome a la sociedad.

Santos no es un ingeniero especialista en agua o medioambiente, se sabe que estudió biología en Pando, pero su “mérito” político es la dirigencia sindical en la Confederación Sindical Única de Campesinos (Csutcb), por lo que el presidente Luis Arce tendrá que preguntarse si vale la pena seguir escogiendo funcionarios con el viejo método del aval sindical o si es mejor recurrir a la meritocracia que, necesariamente, debe estar acompañada de ética y transparencia porque, demás está decirlo, el título no garantiza la rectitud del funcionario.

En el caso del tráfico de migrantes, prácticamente todos los funcionarios de la oficina de Migración de Pando fueron destituidos de sus cargos y están siendo procesados por corrupción. Según la denuncia, permitían el ingreso de migrantes acreditando datos falsos.

Y, en torno al robo de 82 turriles de asfalto de la empresa Emavías con un daño económico de 130 mil bolivianos, el alcalde Iván Arias pidió la destitución del gerente de la entidad, Mauricio Berdeja.

No son los únicos casos, ni serán los últimos, por eso es preciso que las máximas autoridades den señales inequívocas para poner un alto a la corrupción.

El presidente Luis Arce, a tiempo de posesionar a un nuevo ministro de Medio Ambiente, tras la renuncia de Santos, aseguró que “no hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza en nuestro gobierno. Hemos sido siempre severos en el castigo de la corrupción. Tiene que aplicarse todo el peso de la ley”.

Entre tanto, Arias dijo estar dolido por la pérdida del asfalto y calificó el hecho como “un asalto a su propia casa, a la que te da de comer, asaltarle a los paceños; hay muchos funcionarios que se les llama la atención y dicen: acoso laboral”.

Además de las palabras, las autoridades deberían implementar políticas concretas para cortar la corrupción en sus gestiones y una manera de hacerlo es dejar de contratar funcionarios por militancia o avales políticos. La tarea parece imposible, pero, lo contrario es resignarse al asalto al Estado.