Abundante tinta ha corrido sobre la voraz mancha de corrupción que continúa carcomiendo al régimen masista desde que se instaló en el poder en 2006. Sumo mi pluma indignada ante el ensanchamiento del prontuario azul partiendo del caso más reciente, el del exministro de Medioambiente y Aguas y la descomunal cantidad –estimada en aproximadamente 20 millones de bolivianos- en coimas que acumuló a su paso por dicha cartera –podría decirse que, literalmente, la usó como tal-.

Este (in)dignatario actuó con un perfil tan bajo que de no haber saltado el escándalo ni me habría enterado de su nombre (y eso que me las doy de relativamente bien informado). Lo primero que me llama la atención, independientemente del caso, es que tal persona ni siquiera califica para el cargo que llegó a ostentar y me lleva a deducir que su nombramiento respondió a cuotas de poder que se reparten entre las “organizaciones sociales” que medran del poder. Un ámbito tan sensible como el medioambiental requiere para su dirección de personal altamente calificado en lo técnico y en lo administrativo –este criterio también se aplica a todo el aparato público, aunque vemos todo lo contrario-. Por tanto, el único propósito que tiene este tipo de “autoridades” es el de hacer fortuna a su paso por el Estado. Esa es, lamentablemente, la forma más expedita de movilidad social en nuestro país y, para peor, en nombre de los “indígena-originario-campesinos”. El primer acto de corrupción que comete alguien es el de asumir un cargo para el que no posee el perfil ni la capacidad para ejercerlo. Sintomáticamente, a tiempo de posesionar al reemplazante del ahora convicto, el Presidente ha destacado que el nuevo ministro “proviene como aporte de organizaciones sociales de El Alto” en lugar de relievar sus logros profesionales y la pertinencia de su perfil en relación al medioambiente. Mal comienzo.

A ello debe sumarse un rosario de actos non sanctos, aunque sus protagonistas apelliden o se llamen Santos, cometidos por los gobiernos de Morales Ayma y Arce Catacora. De ahí que llame la atención el hecho de que el primero critique la corrupción en la gestión del segundo, cuando, para mencionar sólo el más colosal, el caso Fondioc, ocurrió durante la del cocalero. Y así, con un sinfín de tropelías. Y, sin embargo, “el pueblo” sigue votando por estos crápulas. La explicación, parafraseando una conocida cita, puede deberse a que “serán corruptos, pero son ‘nuestros’ corruptos”. En fin.

Aún sin haberse esclarecido, están latentes los casos de ABC -¿qué se sabe del suicidio del testigo protegido?- y el de YPFB, ambos resultantes, en su difusión, por connotados miembros de facciones opuestas del propio régimen.

En ese orden de cosas, resulta, pues, vomitivo escuchar a Morales Ayma cuando quiere desligarse del signo de corrupción que corona su testa. Sin ir más lejos, además del mencionado caso Fondioc, hay varios hechos provenientes de su gobierno que esperan el día en el que, finalmente, puedan ser esclarecidos. Entre ellos, el de la UPRE (una de las ubres del Estado) en el rubro de construcción de escuelas, otro robo en el que se operó con el mecanismo de las adjudicaciones directas por un monto mayor a 100 millones de Bolivianos.

En materia de corrupción, los gobiernos de Morales Ayma y de Arce Catacora son las dos caras de la misma moneda y, aunque el caso Fondioc supera en varios ceros a cualquiera de los otros, en términos garcialinerianos, podríamos declarar un “empate técnico”. ¿Van a seguir mamando del Estado? ¿Van a seguir mamándonos?