La justicia en Bolivia no necesita elecciones cada equis cantidad de años. Lo que necesita es una verdadera reforma que ataque al fondo de sus problemas. Infinidad de veces, diversos actores sociales, principalmente abogados, han cuestionado la elección de autoridades judiciales por la vía del voto ciudadano.

A esta altura, todos saben que la justicia boliviana está entre las peores del mundo, con altos niveles de corrupción, injerencia de los órganos Ejecutivo y Legislativo y retardación en la resolución de causas. Es imposible contabilizar la cantidad de casos en los que faltó aplicar la debida justicia y en los que, paradójicamente, las víctimas resultaron más perjudicadas que sus victimarios.

Pero el meollo de esta cuestión pasa, indefectiblemente, por la política. ¿Cómo es posible que durante años se haya venido hablando de una reforma judicial y, hasta ahora, en la práctica, no se haya avanzado ni un ápice? ¿Por qué pasan los gobiernos y no se advierten ni siquiera indicios de un verdadero cambio en el Órgano Judicial?

En los últimos meses un esfuerzo de un puñado de abogados, aglutinados con el nombre de Juristas Independientes, chocó contra el poder a la hora de impulsar la recolección de firmas para llevar a cabo una reforma judicial vía referéndum. Está claro que no son tiempos para este tipo de iniciativas por falta de apertura política, es decir, por una evidente ausencia de voluntad política para impulsar los cambios que se requieren. Comenzando por el Procurador General del Estado, pasando por el Ministerio de Justicia, hasta asambleístas y dirigentes de organizaciones sociales afines al partido oficialista, una y otra vez se han ido afanando en evitar que ese movimiento ciudadano prospere.

El principal argumento para desacreditar la campaña de los Juristas Independientes, expuesto, por ejemplo, por el procurador Wilfredo Chávez, es que entre ellos había “políticos camuflados”. Ciertamente, en distintos departamentos se advirtió que algunos de los abogados que fueron parte de aquella iniciativa tuvieron su paso por la política partidaria. También se habló de que se estaba distorsionando el propósito de la iniciativa y la desinformación de los efectos que tendría al concretarse.

Para el ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), se trataba de un “golpe judicial” y “las preguntas que han planteado son atentatorias contra los pueblos indígenas”. También la Central Obrera Boliviana (COB) resolvió en un ampliado “censurar esas propuestas” que, aseguraron en su momento, “pretenden destruir nuestra democracia y desconocer la CPE”.

Estaba claro que el poder político movió sus tentáculos para frenar en seco la reforma judicial vía referéndum. Y, aun fuera de esta lógica, de ningún modo lograron desacreditar a los impulsores de la iniciativa de desarrollar su legítima proposición de una reforma judicial mediante una consulta popular. El fin último, de tener instituciones probas, con autoridades intachables, es lo que vale y debe primar, siempre, en toda consideración cuando se trata de asuntos esenciales para la vida en sociedad, como el que hoy nos vuelve a ocupar en este espacio.

La contracampaña se aprovechó del desconocimiento general de lo que planteaba la iniciativa ciudadana y de los derechos que franquea la Constitución Política del Estado a la ciudadanía.

El artículo 411 de la Carta Magna instituye que “la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20 por ciento del electorado”. Y una de las cuatro preguntas de dicha propuesta se refería, precisamente, a profundizar el ejercicio de la justicia indígena originaria, que es la que menos se entiende actualmente, como se ha demostrado con el deplorable caso del funcionario de la Alcaldía de Uncía atacado por haberle retirado la silla al expresidente Evo Morales, un episodio bochornoso que la prensa nacional registró hace algunos meses.

Es importante no perder de vista que el problema central de la justicia pasa por su falta de independencia respecto a los órganos Ejecutivo y Legislativo. ¿Alguien puede garantizar que será resuelto con nuevas elecciones judiciales? ¿El voto del pueblo hará que desaparezca la vergonzosa sumisión de la justicia a las órdenes de los políticos desde La Paz?