Con la calidad de consejeros de los que se ha rodeado el jefe del Gobierno, es muy probable que al enterarse de que el vicepresidente del Movimiento Al Socia-lismo (MAS) ha afirmado, hace poco, que su partido “ya no pedirá cambio de mi-nistros”, le hayan dicho que puede respirar tranquilo —al menos por un tiempo y por un tipo de asuntos. 

Los lúcidos asesores presidenciales prefieren pasar por alto que, para que nadie se equivoque, el mismo vicepresidente masista ha aclarado que “Evo (Morales) me ha dicho a mí que no nos metamos. Ya es tuición y responsabilidad del her-mano presidente Luis Arce, si cambia, o no cambia a los ministros, depende de él, porque están haciendo daño económico al país en su gestión”.

Los asesores y estrategas de un presidente que tiene el mérito de darse cuenta de que tiene serios problemas de formación histórica y política, y la tremenda falla de encomendar que le ayuden en esos campos a personas que están afectadas por las mismas deficiencias, necesitan entender que las autoridades del MAS no están anunciando una tregua, sino una condena: no tienen remedio.

Afirmar a continuación que se comprometen a contribuir que llegue al final de su mandato, después de haber detectado que se encaminan o ya están en agonía hace flotar la pregunta de ¿cuánto podrán quedarse? No debido a que alguien los eche, sino porque ya no puedan sencillamente mantenerse en pie, pese a su codicia económica y política y a sus infinitas ganas de permanecer.

En traducción simple; no hay que pedir a quien no puede dar, porque sencilla-mente no tiene remedio o ya está perdido. La recomendación de Morales para “que no nos metamos” (con la gestión gubernamental), aclarando que el tema de la corrupción no es defendible, está advirtiendo que “meterse” con sus correligio-narios puede pringarlos.

Una advertencia oportunista ciertamente, porque si existe alguien que no ha ren-dido cuentas, que escogió el camino de contratar directamente, inclusive sin con-tar con estudios básicos de factibilidad, económicos, ambientales de impacto so-cial, es justamente quien trata de proyectar la imagen de un estadista serio, pru-dente y responsable.

El que hace recomendaciones nunca explicó cómo es posible que se hayan gas-tado más de mil millones en unos estanques de evaporación que no permiten obtener litio exportable, de manera que cualquier avance real deberá tener un enfoque tecnológico radicalmente nuevo, igual que varias grandes obras mal planeadas y mal realizadas.

Sin embargo, la amnesia intencionada no le priva, al jefe perpetuo del MAS, de ver que el rumbo por el que nos conduce su ex niño mimado de las finanzas es cada vez más peligroso. Su falta de reflejos y de capacidad para despedir de in-mediato al ministro de Medio Ambiente, cuando ya tenía testimonios de primera mano y evidencias de que su funcionario acumulaba bienes por cerca de 20 mi-llones de bolivianos compromete la credibilidad de su equipo y la suya propia, en uno de los peores momentos de entrecruzamiento del retroceso e incertidumbre económicos con una crisis política en progresión incontrolada.

Enmendar la torpeza de su vocero, cuando afirmó que “estaban analizando” qué harían con el auto robado que el presidente regaló a los dirigentes de una organi-zación social, requería que el presidente en persona ordene devolver, en las con-diciones en que ingresaron al país —y no como semichatarra o maltrechos por el uso— todos los motorizados robados que estén o hayan estado en manos de funcionarios o instituciones estatales. Eso es lo mínimo necesario para reparar el daño internacional hecho al país, no a su Gobierno, que ya tiene su propia ima-gen y sello.

Lo que ya no pueden revertir es el hundimiento de la administración de justicia, comenzando con los abusos del Tribunal Constitucional Plurinacional que ha llegado al extremo de dar un golpe de Estado, contra la soberanía popular y la Constitución, y con jueces, fiscales y fuerzas represivas que actúan como policía política del régimen.

Sólo puede hacerlo el control social, como lo establece la Constitución, por enci-ma y por fuera de los aparatos estatales y no, como lo ha establecido la espuria ley, que lo rebaja a un muro de lamentos y a una instancia en que negocia la bu-rocracia estatal con la burocracia de dirigencias sociales hipotecadas.

 

El autor es director e investigador del Instituto Alternativo