Sin cambios, así aprobó el MAS el proyecto de ley corta que puso en consideración en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sin tomar en cuenta los aportes que había lanzado Comunidad Ciudadana, declaró esta noche, Carlos Alarcón, asambleísta de CC.

“Han rechazado todas las propuestas que hicimos y han aprobado con el rodillo para acomodar los plazos que beneficien a los candidatos que prepara el masismo, han manipulado la acción de amparo, primero, y luego el recurso abstracto hasta hacer sus amarres con sus candidatos”, dijo el legislador opositor.

El MAS presentó esta tarde el proyecto de Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección para la Conformación del Órgano Judicial y que contempla dos plazos principalmente, hasta 70 días para la preselección y hasta 120 días para la elección.

El proyecto de ley modifica los artículos 135 y 175 de la Ley del Órgano Judicial. En el primer caso se reglamenta el número de candidatos electos para cada cuerpo judicial y la forma de preseleccionarlos; en el segundo caso se coloca la palabra “hasta” en el plazo de posesión de las nuevas autoridades electas.

“A partir de la publicación de los resultados por el Órgano Electoral Plurinacional, las y los candidatos electos, titulares y suplentes, en el plazo de hasta treinta (30) días, serán posesionados en sus cargos por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional”, señala el artículo modificatorio.

El diputado Alarcón precisó que las sesiones del plenario deben ser convocadas con 24 horas de anticipación y no hubo ningún llamado este lunes, por tanto, la sesión podría ser convocada recién para el miércoles.

Una vez aprobado el proyecto en la Cámara Baja, el mismo debe pasar al Senado donde correrá el mismo trámite, lo que hace prever que esta propuesta será ley sancionada hasta fines de mayo. En ese tiempo los legisladores del MAS esperan que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita la sentencia constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el diputado, Leonardo Ayala, y que provocó el congelamiento del proceso de registro de militantes.