Con la calidad de consejeros de los que se ha rodeado el jefe Gobierno, es muy probable que al enterarse que el vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS) ha afirmado, hace poco, que el MAS “ya no pedirá cambio de ministros”, le hayan dicho que puede respirar tranquilo -al menos por un tiempo y por un tipo de asuntos-.

Los lúcidos asesores presidenciales prefieren pasar por alto que, para que nadie se equivoque, el mismo vicepresidente masista ha aclarado: “que Evo Morales pidió a la militancia que no se meta a los ministros, depende de él, porque están haciendo daño económico al país en su gestión”.

Los asesores y estrategas de un presidente que tiene el mérito de darse cuenta que tiene serios problemas de formación histórica y política, y la tremenda falla de encomendar que le ayuden en esos campos a personas que están afectadas por las mismas deficiencias, necesitan entender que las autoridades del MAS no están anunciando una tregua, sino una condena: no tienen remedio.

Afirmar a continuación que se comprometen a contribuir que llegue al final de su mandato, después de haber detectado que se encaminan o ya están en agonía, hace flotar la pregunta de ¿Cuánto podrán quedarse? No debido a que alguien los eche, sino porque ya no puedan sencillamente mantenerse en pie, pese a su codicia económica y política, a sus infinitas ganas de permanecer.

En traducción simple, no hay que pedir a quien no puede dar, porque sencillamente no tiene remedio o ya está perdido. La recomendación de Morales para “que no nos metamos” (con la gestión gubernamental), aclarando que el tema de la corrupción no es defendible, está advirtiendo que “meterse” con sus correligionarios puede pringarlos.

Una advertencia oportunista ciertamente, porque si existe alguien que no ha rendido cuentas, que escogió el camino de contratar directamente, inclusive sin contar con estudios básicos de factibilidad, económicos, ambientales de impacto social, es justamente quien trata de proyectar la imagen de un estadista serio, prudente y responsable.

El que hace recomendaciones nunca explicó cómo es posible que se hayan gastado más de mil millones en unos estanques de evaporación que no permiten obtener litio exportable, de manera que cualquier avance real deberá tener un enfoque tecnológico radicalmente nuevo, igual que varias grandes obras mal planeadas y mal realizadas.

Sin embargo, la amnesia intencionada no le priva al jefe perpetuo del MAS ver que el rumbo por el que nos conduce su ex niño mimado de las finanzas es cada vez más peligroso. Su falta de reflejos y capacidad para despedir de inmediato al exministro del Medio Ambiente, cuando ya tenía testimonios de primera mano y evidencias de que su funcionario acumulaba bienes por cerca de veinte millones de bs., compromete la credibilidad de su equipo y la suya propia, en uno de los peores momentos de entrecruzamiento del retroceso e incertidumbre económica con una crisis política en progresión incontrolada.

Enmendar la torpeza de su vocero, cuando afirmó que “estaban analizando” que harían con el auto robado que el presidente regaló a los dirigentes de una organización social, requería que el presidente en persona ordene devolver, en las condiciones en que ingresaron al país -y no como semichatarra o maltrechos por el uso- todos los motorizados robados que estén o hayan estado en manos de funcionarios o instituciones estatales. Eso es lo mínimo necesario para reparar el daño internacional hecho al país, no a su gobierno, que ya tiene su propia imagen y sello.

Lo que ya no pueden revertir es el hundimiento de la administración de justicia, comenzando con los abusos del TCP que ha llegado al extremo de dar un golpe de Estado, contra la soberanía popular y la Constitución y con jueces, fiscales y fuerzas represivas que actúan como policía política del régimen.

Solo puede hacerlo el control social, como lo establece la Constitución, por encima y por fuera de los aparatos estatales y no, como lo ha establecido la espuria ley que lo rebaja a un muro de lamentos y a una instancia en que negocia la burocracia estatal con la burocracia de dirigencias sociales hipotecadas.