Los delegados de Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) presentaron dos denuncias por transfugio contra la concejala Daniela Cabrera, la presidenta electa el 3 de mayo en el pleno. Una denuncia sería por no corresponder a los intereses de su organización política (al haber sido electa como Presidenta del Concejo, cuando habían pactado que se mantendría a Marilyn Rivera a la cabeza) y, la otra, por ser militante vigente de Unidad Nacional (UN).

El delegado de Súmate, Diego Bráñez, explicó que al no haber renunciado a UN y ser concejala por Súmate, incurrió en transfugio.

Sin embargo, en Súmate, se dieron cuenta de este aspecto años después. De acuerdo con una consulta realizada ayer en la mañana en la plataforma del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Daniela Cabrera “es militante” del frente de Unidad Nacional. La fecha de registro es el 20 de septiembre de 2018.

El 3 de mayo, el Concejo, conformado por siete legisladores de la alianza Súmate, afín al alcalde Manfred Reyes Villa, y cuatro del Movimiento Al Socialismo (MAS), eligió a la directiva 2023 – 2024. Para ese día, Súmate había acordado llevar, por tercera vez, a Rivera a la presidencia y a Diego Murillo, a la secretaría. Pero, Cabrera y Claudia Flores, ganaron. En respuesta, Súmate les acusó de “transfugio” y “traición”. Ahí comenzaron los líos.

En entrevista con OPINIÓN, Brañez hizo referencia a la militancia de Cabrera.

P. Hay una segunda denuncia, solamente contra Daniela Cabrera, por transfugio, ¿por qué?

R. Considerando la ley 1096, en el artículo 38, pero esta vez en el inciso ‘a’, que indica que cuando asumen una militancia política distinta la organización o alianza política que les ha postulado, es considerado como transfugio político.

Daniela Cabrera, después de haber sido elegida concejal por Súmate para la gestión 2021 – 2026, ocho meses después, en diciembre, se hace elegir como miembro de la directiva nacional de Unidad Nacional, ocupando el cargo de Coordinadora de Redes Sociales y Comunicaciones a Nivel Nacional.

Nosotros, después, hemos verificado, cuando ingresamos a la página oficial del Tribunal Supremo Electoral para verificar la militancia política, evidentemente, nos damos cuenta de que ella si tiene militancia con Unidad Nacional.

Por estas acciones y por estos hechos, nosotros estamos pidiendo, en cumplimiento al artículo 101 y 102, inciso ‘a’, la pérdida de la representación política por tener una militancia distinta a la organización que le ha postulado.

P. Hablamos de ocho meses después de haber sido elegida como concejala, de hace más de un año, ¿no se dieron cuenta en ese momento?

R. Salieron a la luz estos hechos…

P. ¿Recién?

R. Recién salió a la luz. Cuando Samuel Doria Medina posteó en sus redes sociales felicitando a la nueva directiva, se conversó con Daniela Cabrera y ella indicó que iba a renunciar a su cargo (en UN), que ella guardaba lealtad y consecuencia a la alianza y se ha creído en la palabra de que ella tenía, eso por conversaciones que ella habría tenido con el máximo representante de la alianza. Nosotros vemos claramente que hasta el día de hoy sigue, está fungiendo un cargo dentro de la directiva nacional de Unidad Nacional, está siendo militante de otro partido que, en este caso, es Unidad Nacional.

P. En este caso, se habían dado cuenta hasta ese comunicado que dicen de Samuel Doria Medina. Pero, ¿qué pasó antes de que elijan candidatos para ser concejales? Cabrera tiene militancia desde 2018. ¿No vieron quiénes eran sus candidatos en Súmate?

R. Cuando vino aquí para presentarse como alcalde Manfred, quiso poner a gente joven, mujeres, hombres que realmente empiecen a trabajar, apostando por la juventud, por los profesionales cochabambinos. De esa manera, se ha empezado a elegir a quienes en su momento se creía que eran las mejores personas que podrían acompañar en este proceso de gestión del alcalde municipal 2021 – 2026 (…).

En ese momento, indicaban que no tenían ninguna militancia en ningún otro partido político. Indicaron que ellos estaban firmes con la alianza Súmate, que querían trabajar por Cochabamba, que querían respaldar la gestión del alcalde de Manfred Reyes Villa. Ahora, vemos que dos concejales toman una posición contraria en la cual hay un acto de deslealtad no solamente hacia el alcalde sino también hasta la población cochabambina que ha confiado en el voto, traicionando los intereses de todos los cochabambinos.

P. ¿Es decir que, cuando eligieron candidatos, Súmate no se dio la tarea de verificar quiénes eran y si tenían militancia en otro partido?

R. Súmate, en realidad sí se tomó la tarea de seleccionar a las mejores personas que, en su momento, se creía para acompañar la gestión del Alcalde…

P. Pero, no verificaron militancias…

R. Bueno, en ese momento indicaron que estaban renunciando a sus militancias para formar parte de Súmate…

P. Les creyeron…

R. Las personas siempre tienen que tener palabra, ¿no? Tienen que tener principios y valores que desde la casa se les inculca (…).

Hay un acta de constitución que nosotros tenemos, juntamente al documento regulador de la alianza; indica que debería de tener lealtad y consecuencia. Guardar consecuencia no significa que se hagan elegir, después de haber sido posicionados como concejales, en otro partido como directiva nacional. Eso es un acto de deslealtad (…).

CABRERA

La concejala Cabrera se refirió ayer en la mañana a la denuncia por el tema de su militancia.

“Mi persona es concejal electa de la alianza Súmate, y vengo trabajando en ese marco. Yo creo que las denuncias que están realizando, simplemente son una forma de realizar una presión y acoso nuevamente hacia nuestras personas”, dijo e insistió en que es concejal de Súmate.

OPINIÓN intentó contactar a Cabrera, en la tarde, para conocer los detalles en torno a su militancia. Pero, no contestó.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por otro lado, el Ministerio Público otorgó “medidas protección” a la concejala Claudia Flores, quien denunció al alcalde Manfred Reyes Villa, además del concejal de su bancada Diego Murillo y los secretarios Mauricio Muñoz y Gustavo Camargo por el presunto delito de violencia política contra la mujer.