Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) se han encargado de enarbolar la lucha contra la corrupción; incluso, el primero se autoproclamaba la reserva moral de la humanidad. El decreto supremo 0214 de 22 de julio de 2009, contiene el Plan Nacional de Desarrollo, que tenía como objetivo fundamental: “cero tolerancia a la corrupción”. La idea central era luchar contra la impunidad y promover la plena transparencia en la gestión pública y la vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado.

Evo Morales creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Hasta el 7 de febrero de 2009 sólo existía el viceministerio de transparencia y lucha contra la corrupción. El próximo paso fue poner en vigencia la controvertida Ley Nº 004 del 31 de marzo de 2010 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), que establece los “mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, Leyes, Tratados Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción...” El objetivo era prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales, los instrumentos necesarios para desarrollar en Bolivia una cultura de transparencia y erradicar la corrupción.

Más tarde mediante resolución ministerial N° 002/2017 de 11 de septiembre, el ministerio de justicia y transparencia institucional, elabora y aprueba el “Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2017-2022”. Y modifica la estructura institucional, y termina fusionando todo el trabajo en este ministerio, pero con el mismo objetivo: “prevenir y sancionar actos de corrupción...”

Sin embargo, aunque el Estado cuenta con la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, y la Ley N° 974 de 4 de septiembre de 2017 (Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción), y se hayan realizado los esfuerzos del caso, el objetivo de esta política no se ha conseguido. Los hechos ilícitos suman y siguen y la corrupción parece haberse institucionalizado. Que el presidente Luis Arce haya obsequiado (prebenda pura y dura), vehículos robados, no se había visto nunca.

La política anticorrupción no sólo que no ha tenido los avances y progresos que se había propuesto la política “tolerancia cero a la corrupción”, sino que ha aumentado este cáncer social y cada vez hace metástasis en las reparticiones del Estado y contamina a la empresa privada. Para Transparencia Internacional, en los últimos cinco años la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público en Bolivia ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción.

El fracaso de esta lucha, en términos de resultados que son los que cuentan, se debe, entre otras cosas, a la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo y consiguiente debilitamiento y hasta cierta complicidad de las instituciones del Estado (Órgano Judicial, Contraloría General del Estado, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, etc.). El gobierno también hace de juez y parte, y restringe la libertad de expresión, e información, que son imprescindibles para materializar la transparencia, y denunciar los hechos de corrupción.

El extinto Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, debió haberse transformado en una especie de “Superintendencia Contra la Corrupción”, con autonomía funcional, administrativa y operativa. Y dotarse de personal altamente calificado, íntegro y honesto, donde al ciudadano no sólo se le garantice denunciar, sino también sancionar a los malos funcionarios públicos o privados que cometan actos ilícitos.

Llama la atención, igualmente, que el gobierno no haya puesto el acento en la educación para cambiar los “patrones culturales que se encuentran en la mentalidad y en el comportamiento de las personas”. Y tendría que hacerse una verdadera cruzada nacional para luchar efectivamente contra la pobreza y la criminalidad en general. La educación siempre brinda las oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, honestidad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.