El grupo de juristas independientes no logró reunir el millón y medio de firmas ciudadanas que se requería para iniciar una reforma parcial de la Constitución en favor de la justicia. La experiencia fallida generó desánimo en instituciones de Santa Cruz que, ahora, piden “evaluar con cabeza fría” el plan para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora.

La propuesta salió en el cabildo del 25 de enero, cuya convocatoria fue alcance nacional, pero solo fue multitudinario en Santa Cruz.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, explicó a EL DEBER que se prevé una reunión nacional movimiento cívico para fines de este mes. Aún no existe fecha exacta, pero el tema principal, según anticipó, pasa por “establecer la ruta crítica” sobre el trámite para la revocatoria de mandato. “Por el momento, nos estamos nutriendo de la información necesaria sobre cómo se debería realizar ese procedimiento y no solo a partir de la normativa que se maneja desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino con consultas a un grupo de abogados y expertos en el área que nos puedan ilustrar a cabalidad”, dijo el líder cruceño.

Larach también anticipó una ronda de consultas con los abogados que promovieron el ajuste de 15 artículos de la Constitución Política del Estado para cristalizar una reforma en el Órgano Judicial. “Vamos a consultar a los juristas que promovieron la reforma constitucional para la justicia”, insistió el dirigente cruceño, quien había apoyado la campaña de recolección de adhesiones ciudadanas para que el TSE convoque un referéndum en favor de la reforma.

El Órgano Electoral otorgó un plazo de 90 días para el acopio de un millón y medio de adhesiones ciudadanas. Ese tiempo límite venció el 25 de abril, pero no se cumplió la meta. El grupo de Juristas Independientes reunió 833.115 rúbricas de las personas que aceptaron unirse a la “cruzada nacional para la justicia”.

“Sin embargo, y a pesar del resultado, la propuesta ha generado una movilización democrática no vista antes en el país, por lo que nos queda claro que ese plazo burocrático, casi mezquino, que nos impuso el Estado, no es el plazo histórico”, sostuvo el abogado José Antonio Rivera, quien fue parte del grupo de profesionales que promovió la iniciativa en el país.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, también destacó el carácter democrático de la movilización, pero cuestionó la actitud del Gobierno que se movilizó en contra, dijo, pero a merced de mecanismos de control, incluso sobre otros Órganos.

“Pensé que un tema nacional, como es el de la justicia; nadie cree en la justicia, todo el mundo está exigiendo un cambio, hubiese generado un escenario propicio para que, con la firma de los libros, se pueda expresar el rechazo y molestia por la forma en la que se ha venido manejando la justicia en nuestro país. Eso no ha ocurrido. Ni siquiera en las universidades, que deberían ser protagonistas de este evento, tampoco han participado”, lamentó el rector a tiempo de responder la inquietud de esta redacción respecto a la perspectiva de llevar adelante un proceso revocatorio.

“Soy escéptico que se pueda concretar un revocatorio. Soy realista, no estoy con una postura apasionada política ni partidaria. Estoy siendo objetivo sobre la reacción que adopta la gente. Una cosa es participar en un cabildo, hay euforia de la gente para tomar algunas determinaciones, pero otra cosa es asumir el hecho práctico para concretizar las medidas”, afirmó Cuéllar y apuntó: “Lamentablemente, los órganos del Estado están cooptados por el Ejecutivo. Entonces, la gente tiene desconfianza de participar, de estampar su firma, de ser protagonista de un hecho que es constitucional como es el revocatorio”.

Cuéllar también cree que esta acción constitucional termine por fortalecer a Arce. “Mi preocupación no solo es que se pueda o no revocar, sino que se pueda fortalecer a líderes a personas que no han hecho una buena gestión”

La propuesta para revocar el mandato de Arce ya había perdido apoyo a fines de febrero, cuando venció el plazo de 30 días que dio el cabildo del 25 de enero para que se conceda una amnistía para los 180 opositores que están detenidos por causas de interés político.

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, reconoció el mandato de ese cabildo, pero exhortó a llevar adelante “un análisis con cabeza fría”, incluso tomando en cuenta los resultados de la campaña de recolección de firmas para la reforma judicial.

“Esto nace en un cabildo; hay muchos aspectos que analizar y muchos aspectos que entender y siempre hay que ser realistas. He estado leyendo algunas críticas, oyendo algunos comentarios y hay que hacer un análisis pormenorizado sobre lo que involucra un revocatorio, cuáles son los tiempos, cuál es la inversión, cuál es el sacrificio. Se debe contemplar de que este proceso es de ámbito nacional, pero entiendo que hay muchas dificultades”, afirmó.

Consultado sobre estas dificultades, Larach consideró que se debe considerar el presupuesto y los desafíos legales para concretar “este esfuerzo que debe ser nacional y no solo de Santa Cruz”.

“Uno de los requisitos es que necesitamos el 25% del padrón nacional y ese 25% debe estar compuesto, al menos, con el 20% de cada departamento. Aquí necesitamos a los nueve departamentos con ese porcentaje, no puede ser menor. Si no los tenemos a todos, indudablemente no se puede hacer el procedimiento”, aseguró el líder cívico cruceño.

Para revocar al presidente se requiere de una votación superior con la que fue elegido. En este caso, Arce Catacora llegó al poder con el 55,1% de votos de la elección de octubre de 2020.

Pero, además, Larach también cree que un revocatoria puede llegar a beneficiar al expresidente Evo Morales, quien está en una campaña para volver al poder.

En lo que va del año, la división en el MAS se hizo más notoria, aunque, en lo formal, exista un rechazo contra la revocatoria de mandato. Diputados como Ramiro Venegas (MAS) afirmó que hay descontento sobre los resultados de la gestión del presidente Arce.