El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas ratificó que impulsará una demanda contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por negarse a aplicar el dictamen de que la reelección indefinida no es un derecho humano. Pedrazas denunció que al interior del Órgano Judicial hay “grandes estructuras de corrupción”.

“Vamos a acudir a la justicia internacional, hemos tomado la decisión de demandar al Estado boliviano, ya no al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino al Estado, pero necesitamos una respuesta, una respuesta que entiendo está guardada en algún escritorio y que no es agilizada”, aseveró Pedrazas a Página Siete.

El 13 de agosto de 2021 y a través de una opinión consultiva la Corte-IDH determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Pedrazas explicó que alista la demanda internacional ante la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos con la sentencia constitucional 084/2017 que avaló la repostulación de Evo Morales y, posteriormente, por no dar cumplimiento al dictamen respecto a la opinión consultiva.

En los últimos meses, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, recomendó a que los Estados tomen en cuenta las conclusiones de esa opinión referida a los derechos políticos y civiles citados en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Bolivia es firmante. No obstante, el 24 de enero de este año, la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca negó una acción popular que presentó Pedrazas, para que la sentencia constitucional 084/2017 sea eliminada del ordenamiento jurídico nacional, con base en los resultados de la opinión consultiva internacional y ratificó que la “reelección indefinida es un derecho humano”, tal cual decidió el TCP en 2017.

“Estructuras de corrupción”

Pedrazas afirmó que el TCP se convirtió en un “Tribunal necesario para la implementación de un régimen dictatorial que vulnera la propia Constitución que ellos (los del MAS, Movimiento Al Socialismo) han aprobado”.

Añadió que desde 2011, cuando se realizó la primera elección judicial, se han construido “estructuras grandes de corrupción compuestas por jueces, magistrados y vocales que ya funcionan para mí, autónomamente y que han decidido disputarle al poder político a la elección judicial”.

El diputado ratificó que la mayor consecuencia del sometimiento del TCP al poder político “es la destrucción de la democracia y la soberanía popular”, por ello el diputado aseveró que se debe encarar una transformación de la justicia, pero que mientras el MAS continúe en el poder aquello será difícil.

Y mientras se espera la sentencia del TCP sobre las elecciones judiciales, algunos magistrados ya anticiparon que se postularán a otros cargos nuevamente.