Es preocupante la manera cómo la alianza política oficialista del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y su Órgano Ejecutivo encaran la insumisión de dos de sus concejalas que fueron elegidas presidenta y secretaria del Concejo.

La elección de ambas concejalas en los puestos de la directiva que corresponden a la bancada mayoritaria del Concejo fue posible con los votos de la bancada opositora (del Movimiento Al Socialismo) y significó la derrota de los candidatos que el Ejecutivo edil había designado.

El efecto de ello, hasta ayer, se tradujo en la ocupación de un sector de la plaza principal con un campamento de movilizados que repudian a las nuevas presidenta y secretaria del Concejo y les exigen renunciar.

Y lo hacen de manera francamente hostil y organizada.

Hostil, porque quienes están movilizados tapiaron los accesos al Concejo, agredieron a las concejalas que repudian y, según denuncia de las afectadas, amenazan a ellas y a sus familias.

Organizada, porque no es fruto de la improvisación, o la casualidad, que un grupo numeroso de hombres y mujeres haya instalado sus carpas (muchas nuevas e idénticas) en plena plaza 14 de Septiembre, tenga mingitorio portátiles a su disposición, impida el tránsito vehicular en tres cuadras, una de la plaza y dos de calles aledañas, y permanezca allí, unos sentados esperando entrar en acción, otras preparando comida, como si se tratara de una fiesta comunal.

Pero no es una fiesta, es un lío hostil al interior de la alianza política oficialista del Gobierno municipal local y un conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo.

Un lío y un conflicto que pocas, o ninguna, diferencia tienen en su desarrollo con similares trances que se dan en el MAS, partido que a menudo resuelve sus divergencias internas con sillas convertidas en proyectiles y otras actitudes más agresivas.

Una agresividad que no tiene lugar en el marco de la institucionalidad democrática que impera en Bolivia, al menos en el plano formal, porque hechos como éste evidencian que nuestra democracia y nuestra institucionalidad están cada vez más en riesgo de precarización.

Es evidente esto resulta de intereses políticos que muy probablemente no están circunscritos sólo al municipio ni a su gestión. Pero ese problema no tendría que resolverse en el marco de la movilización callejera, la agresividad y la obstaculización de las actividades del Concejo Municipal.

Esto no es sólo un retroceso en los logros democráticos y una amenaza a la tranquilidad ciudadana, sino también un posible delito de acoso y violencia políticos, además del irrespeto a la separación de las funciones de los órganos Ejecutivo y Legislativo de la administración municipal.