El domingo 26 de noviembre sería la fecha tope o el plazo máximo para la realización de las elecciones judiciales de 2023, informó ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, sólo es una posibilidad porque todo depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y si ésta aprueba una ley corta para tal efecto.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró que los expertos del ente electoral señalaron algunos hitos tomando en cuenta las probables circunstancias. Por ejemplo, si hasta el 17 de mayo la ALP lanza la convocatoria para las elecciones judiciales, el 10 u 11 de junio, el TSE puede lanzar su propia convocatoria. “Esto nos permitiría llevar adelante el proceso electoral el 5 de noviembre de este año”, dijo la autoridad electoral.

“Si esto no fuera posible y los plazos tuvieran que acortarse y nos viéramos obligados a acudir a una solución como la que se encontró el año 2017, en que se dictó una ley especial, la Ley 960, en el marco de esa ley, y probablemente acortando algunos plazos, hasta donde sea posible, podríamos llevar la elección el día 26 de noviembre”, adelantó Hassenteufel.

El presidente del ente electoral subrayó que hasta la fecha “no se tiene nada definido”. Indicó que todo va a depender del tratamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que debe resolver una acción de inconstitucionalidad que presentaron contra la convocatoria, y del manejo que le dé la ALP.

En esa línea el vicepresidente del ente colegiado, Francisco Vargas, agregó que junto con los vocales de todos los tribunales electorales departamentales se realizó un análisis técnico, tomando en cuenta los plazos mínimos y máximos que se requieren para poder garantizar “una elección de calidad” y que cumpla los estándares internacionales exigidos para un proceso de esta naturaleza.

Con la última modificación aprobada en el Legislativo, el TSE calculó que la elección judicial sería el último domingo de octubre o el primer domingo de noviembre. No obstante, el TCP paralizó toda actividad desde que admitió la mencionada Acción de Inconstitucionalidad.

El 27 de abril pasado, la Comisión de Admisión del TCP aceptó el recurso de Acción Abstracta de Inconstitucionalidad que presentó el 24 de abril el diputado de Creemos Leonardo Fabián Ayala, contra el segundo reglamento y convocatoria que lanzó el Legislativo el viernes 20 de abril. El accionante observa que la ALP aprobó las normas sólo con una resolución y no así con una ley como en las elecciones pasadas. Con esta acción, el TCP ordenó la “suspensión provisional” del registro de precandidatos al Órgano Judicial.

En suspenso y sin fecha

Desde la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo dijeron que su trabajo como comisión está en suspenso porque el TCP no emitió una resolución constitucional que dé curso o rechace la Acción de Inconstitucionalidad. Con ello se definirá si el registro de postulantes se suspende o continúa.

“Por eso, queremos ser claros: la Comisión Mixta está en una etapa de suspenso porque tenemos que tener cuál será la resolución constitucional. Solamente tenemos la notificación de la suspensión provisional”, dijo el legislador Mamani, que es parte de la Comisión Mixta de Constitución.

En ese marco agregó que ya se planteó a la ALP trabajar en una “ley transitoria” para garantizar la preselección de postulantes a las judiciales. “La propuesta de la comisión es que se trabaje una propuesta de ley transitoria que garantice las futuras elecciones judiciales”.

Hasta la fecha, la ALP tuvo que suspender dos veces el registro de precandidatos.

Los vocales del TSE reeligieron a Óscar Hassenteufel como presidente del ente electoral y al vocal Francisco Vargas como vicepresidente. Ocuparán los cargos por las dos gestiones siguientes, es decir, hasta mayo de 2025.

“Estamos confiados en que a partir de hoy vamos a seguir trabajando como lo ha hecho todo este tiempo la sala plena en un marco de absoluta unidad y responsabilidad para con el país”, dijo Hassenteufel.

La autoridad sucedió en el cargo a Salvador Romero, quien el 28 de abril de 2021 renunció a la presidencia del TSE y a su cargo de vocal electoral tras dirigir las elecciones generales de 2020, uno de los ciclos electorales más complejos de la historia democrática de Bolivia.

Para Hassenteufel, las principales tareas de su gestión en los próximos dos años son realizar las elecciones judiciales y la actualización de la plataforma biométrica. “Es imprescindible actualizar no sólo los equipos, sino el sistema que se usa hasta el presente”, dijo la autoridad y agregó que hasta la fecha ya se lanzaron tres licitaciones para los nuevos equipos.