El primer o el último domingo de noviembre podrían realizarse las elecciones judiciales, esperando que la Asamblea tome acciones con una ley transitoria o que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre el último recurso abstracto de inconstitucionalidad que tiene en sus manos, explicó este lunes el presidente del ente electoral del país, Óscar Hassenteufel.

“Nos permitiría llevar adelante el proceso electoral el día 5 de noviembre, si esto no fuera posible y los plazos tuvieran que acortarse, tuviéramos que acudir a una solución como la que se encontró el año 2017, cuando se dictó una ley especial, probablemente acortando algunos plazos hasta donde sea posible, podríamos llevar la elección el día 26 de noviembre, pero insisto, este es un tema que no tiene nada definido”, dijo el ratificado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en conferencia de prensa.

El pasado 27 de abril el TCP admitió un recurso del diputado Leonardo Ayala y mandó a suspender el registro de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial. Esa fue la segunda vez que se suspendía el proceso porque el 12 de abril una sala constitucional del Beni ya había suspendido el proceso por primea vez.

Desde el 27 de abril todo quedó en suspenso y la comisión mixta de Constitución de la Asamblea no cierra sus reuniones para plantear una ley que permita retomar el proceso y avanzar en la preselección de los candidatos a magistrados.

“Hemos señalado algunos hitos, dependiendo de las circunstancias que se presenten, hemos señalado que, si eventualmente hasta el 17 de mayo de este mes la Asamblea lanzara la convocatoria, para el 10 u 11 de junio, el Tribunal Supremo Electoral estaría lanzando su propia convocatoria”, adelantó el presidente del TSE.

La mayoría masista en la Asamblea dijo que se trabajaría una ley, sin embargo 12 días después de suspendido el registro de candidatos, no hay ninguna convocatoria o al menos un trabajo previo de los parlamentarios. Comunidad Ciudadana propuso una ley, pero el MAS no aceptó porque el documento pretende que sea un cuerpo colegiado el que califique a los candidatos y los masistas insisten en ser ellos los que califiquen a los candidatos.