El Tribunal Electoral Departamental (TED) convocó para hoy lunes 8 de mayo a las concejales Daniela Cabrera, presidenta del Concejo Municipal, y Claudia Flores, secretaria del ente deliberativo, para brindar su declaración en el marco de la denuncia por acoso y violencia política presentada contra el alcalde Manfred Reyes Villa, además de Diego Murillo, Mauricio Muñoz y Gustavo Camargo.
“Mañana (por hoy) las han convocado a una entrevista a ambas concejales y se va a elaborar un informe. Este informe pasará a la parte legal del Tribunal Electoral, que activará ya, en primer lugar, las medias de protección”, informó a OPINIÓN, el abogado de las legisladoras municipales, Ronald Orozco.
Cabrera y Flores rendirán su declaración ante la Secretaría de Cámara de la Sala Plena del ente electoral.
“La Ley de Gobiernos Autónomos establece que el Ejecutivo Municipal no puede tener injerencia en el Concejo, son entes independientes, todo eso van a declarar (las concejales). Van a declarar también, obviamente, lo que ha sucedido en la casa (grafiteado del frontis y piso) de la concejal Claudia Flores porque esos elementos son los que le van a permitir al TED establecer el informe sobre el cual también tienen derecho a defenderse los denunciados”, explicó el jurista.
La defensa legal de Flores y Cabrera busca obtener medidas de protección “idóneas” y frenar los “discursos de odio” que fueron emitidos en su contra por diferentes autoridades, impidiendo que ejerzan el cargo, aseveró Orozco.
Asimismo, Orozco abogará por medidas reparadoras, por todos los daños ocasionados contra las concejales de Súmate.
SANCIÓN, RETIRO DE CREDENCIALES
De comprobarse el acoso y la violencia política contra ambas, la máxima sanción que podría pesar sobre Reyes Villa y Murillo, este último, concejal por la alianza Súmate, prevista en el ámbito electoral, es el retiro de sus credenciales; es decir, serían despojados de sus cargos.
“En el ámbito penal estamos hablando de un delito de tres a ocho años (…). En el ámbito electoral tiene que ver con el ejercicio de los derechos electorales. Quien suprime un derecho político, también corre el riesgo de que legalmente le supriman ese derecho (…) la suspensión del cargo, la supresión del mismo, a través de quitarles las credenciales en el Órgano Electoral”, explicó Orozco.
TRANSFUGIO
Tras el anuncio de una denuncia por transfugio político contra Flores y Cabrera, desde el Ejecutivo Municipal, el jurista indicó que este tipo de denuncia debe realizarse por la “directiva” de la alianza política Súmate, la cual tiene como presidente al excandidato a gobernador, Henry Paredes.
Sin embargo, hasta el momento, la defensa legal de las legisladoras no recibió ninguna denuncia de transfugio, confirmó a OPINIÓN, Orozco.
Según el artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas 1096, existen tres posibilidades de incurrir en transfugio político.
La primera, cuando la autoridad electa asume militancia inscrita o pública en un ente político, distinto al que la postuló; la segunda, al declarar públicamente su independencia; y la tercera, al asumir una posición política contraria a la declaración de principios o al programa de la alianza que la nominó.
Para Orozco, el transfugio no consiste en la “traición a una persona”, sino a la ideología política de la alianza, hecho que no ocurrió, según asegura.
PLANO PENAL
Tras que el Ministerio Público de Cochabamba admitiera este viernes una denuncia por presunta violencia política contra de Reyes Villa, el jurista informó que la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, que modifica el Código de Procedimiento Penal, establece tiempos más cortos para tratar este tipo de denuncias, de 8 a 20 días.
Ante ello, Orozco proyecta que la Fiscalía tendría que citar a declarar al Burgomaestre hoy. “En los procesos normales hay una investigación de 20 a 90 días, en cambio, en estos procesos son de 8 a 20 días, máximo, en lo que tendría que también salir una imputación o rechazo”, explicó.
DEFENSA FÉRREA
En medio de esta crisis municipal, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) salió al frente y a través de un pronunciamiento rechazó los actos de presión y violencia ejercidos contra Cabrera y Flores, luego de asumir el mando de la directiva del Concejo Municipal, el pasado 3 de mayo.
“Exigimos a las autoridades llamadas por ley, realizar la investigación de manera inmediata para sancionar a los autores y brindar las garantías y la protección necesarias para el resguardo de la integridad física y psicológica de las autoridades y de sus familias”, pidió el ente. Esto, luego de que un grupo afín a Súmate vandalizara la vivienda de Flores y exigiera la renuncia de ambas, a través de actos violentos.
La Acobol pidió a los movilizados respetar la democracia al interior de órgano fiscalizador y frenar las actitudes violentas.
