Ante el inminente fracaso para la realización de las terceras elecciones judiciales previstas para fines de octubre o principios de noviembre del presente año, ya se va sintiendo ese vacío de poder que tendrá el Órgano Judicial desde principios del siguiente año. Sin que hasta ahora se tenga un norte claro para cumplir dicho cometido.

Actualmente el proceso de inscripción de postulantes para las elecciones judiciales se encuentra frenado porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por segunda vez ordenó la suspensión temporal del registro de participantes a pesar de que tampoco hasta antes de eso, existió muchas/os interesadas/os. Aspecto que da a entender que nadie quiere ser magistrada/o del mencionado órgano del Estado debido a que dichos cargos se encuentran totalmente devaluados.

También hubo la intención por parte del grupo juristas independientes de reformar la Constitución Política del Estado (CPE), mediante la recolección de firmas de la ciudadanía para hacer un cambio profundo del Órgano Judicial. Objetivo que no se pudo alcanzar debido a solo se registraron 833.115 firmas y no el millón y medio que exigía el también desprestigiado Órgano Electoral. Sus principales causas: se lo realizó a último momento muy al estilo boliviano, cayendo en algunas improvisaciones en la planificación; no hubo una estrategia verdadera en lo comunicacional como tampoco un verdadero desplazamiento logístico para llegar a la gente y tal vez lo que más desconfianza trajo de que Juan del Granado quiso hacer renacer a su Movimiento Sin Miedo.

Ahora es el momento más oportuno de llegar a un gran acuerdo ciudadano nacional para transformar la pésima justicia que tenemos. Tanto oficialistas y opositores (si los hay de verdad) deben demostrar sus dotes de demócratas que tanto dicen ser cuando aparecen declarando en medios de comunicación tradicional como en las redes sociales. Si ambos bandos no son capaces de convocar ya nomás a esa gran cruzada, definitivamente demostrarán que no tienen nada de demócratas y que están en vano ocupando sus curules sin justificar sus jugosos salarios que reciben mensualmente.

En esto también deben jugar un papel importante los propios juristas independientes; las propias 833.115 personas que firmaron los libros; el CONADE; las universidades; colegio de abogados; asociaciones de periodistas; comités cívicos; entes que aglutinan a otros profesionales; distintas iglesias; juntas vecinales entre otros, para que ese gran Poder Ciudadano presione y exija al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) solucionar cuanto antes la reconstrucción hacia un Estado de Derecho creíble.

No por el hecho de que la recolección de firmas impulsada por los juristas independientes haya fracasado para transformar la justicia en el país, se acabó todo. Por el contrario, se deben buscar otras alternativas constitucionales prontas para alcanzar el indicado objetivo. Ese Poder Ciudadano que está en las calles debe ser el gran artífice para terminar con la grosera injerencia política en el sistema judicial.

Ese gran acuerdo ciudadano nacional debe hacer prevalecer el artículo 178.I. de la CPE, el cual señala: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano...” y a la vez buscar que se haga una pausa constitucional para que no se apliquen los artículos 182.I., 188.I., 194.I. y 198 los cuales indican que los altos cargos jerárquicos judiciales se eligen mediante sufragio universal. No nos olvidemos que para eso existe el “milagro boliviano”.

Ahora es cuando que los juristas independientes y las 833.115 personas que estamparon sus rubricas, más ese Poder Ciudadano movilizado, hagan prevalecer la conformación de esa Comisión Nacional de Postulaciones que plantearon al inicio de la recolección de firmas para que mediante ese gran acuerdo ciudadano nacional se redacte un proyecto de ley especial para su creación y sea analizada, debatida y aprobada en la ALP para luego ser promulgada por el Órgano Ejecutivo antes de fin de año.

Caso contrario todo se estará digitando para que el oficialismo tenga la posibilidad de seguir manejando los destinos de la selección de cargos para magistradas/os del tan venido a menos sistema judicial; mediante dos posibilidades: 1) que por decreto elija a nuevas autoridades judiciales (sacando a las/los magistradas/os evistas para colocar en su reemplazo a magistradas/os arcistas) y 2) que también por decreto amplíe las funciones de las/los magistradas/os que actualmente están en funciones.