Por tercera vez consecutiva se prevé otro fracaso en la elección de las principales autoridades judiciales de este 2023, que tiene como antecedentes los comicios de 2011 y 2017, en los que los votos nulos y blancos se impusieron. Para estos procesos, los reglamentos, periodos de postulación y ampliación de plazos, entre otros, fueron adecuados para que candidatos del oficialismo copen los cargos del sistema judicial.

“Las dos elecciones judiciales han mostrado resultados insatisfactorios, porque se observa que la administración de justicia no ha mejorado, la injerencia política en el sistema judicial se ha consolidado, pero esto es el reflejo de la poca legitimidad de las autoridades electas, con porcentajes mínimos y poca representatividad que tienen”, sostiene el constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.

Primera experiencia

Datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dan cuenta de que, para el proceso de 2011, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se habilitó a 350 candidatos, de los que se preseleccionaron 118.

En esta primera experiencia electoral judicial, los ciudadanos empadronados llegan a 5.243.375, de los que 4.177.470 emitieron su voto, con un ausentismo de 1.065.905 ciudadanos.

De los votos emitidos, los válidos alcanzaron a 1.768.576, los nulos fueron superiores con 1.779.425 y los blancos llegaron a 629.469.

La elección estaba originalmente prevista para el 5 de diciembre de 2010, pero el TSE y la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) en la ALP decidieron aplazarla para el año siguiente.

Las elecciones fueron convocadas el 13 de mayo de 2011 mediante una resolución del TSE.

Judiciales de 2017

En este proceso judicial se repitió lo acontecido en 2011: los votos nulos y blancos superaron ampliamente a los válidos, lo que establece la poca legitimidad de las actuales autoridades jurisdiccionales.

En esta oportunidad, los candidatos habilitados alcanzaron a 365, de los que el pleno de la ALP, con predominio del MAS, preseleccionó a 194.

Para este periodo, los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho cívico llegaron a 6.438.801. De este número, los votos emitidos fueron de 5.422.897, lo que deja un ausentismo de 1.015.904, cifra casi similar a la de 2011.

En esta oportunidad, los votos válidos alcanzaron a 1.899.017, que representa el 35,02 por ciento, en tanto, los votos blancos fueron de 739.666, que significa el 13,64 por ciento.

En estos comicios judiciales, los votos nulos nuevamente se impusieron a los válidos, pues alcanzaron a 2.784.214, siendo el 51,34 por ciento.

Manoseo político

El sistema de justicia en Bolivia se encuentra en una situación de crisis estructural prolongada, un problema irresuelto por décadas y que se profundizó durante la administración gubernamental del país en manos del MAS.

El partido azul, que planteó mejorar la justicia y democratizarla a través del voto, utilizó este proceso para el manoseo y tener el control fáctico del Órgano Judicial.

“El sistema está mal porque no tenemos un Gobierno que quiera corregirlo. El Gobierno sigue manteniendo y protegiendo un sistema que le es servil”, sostiene Goitia.

 Sin convocatoria

En 2017, ante la falta de respuesta a la convocatoria, el oficialismo amplió el plazo por dos semanas, lo que  —de acuerdo con diferentes sectores— corroboró el proceso de “deslegitimación y la falta de confianza en este proceso de parte de profesionales reconocidos”.

Proceso 2023

Según informe oficial del TSE, para los comicios subnacionales de 2021, los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho llegaron a 7.131.075.

Sin embargo, esta cifra de habilitados se incrementará toda vez que el Órgano Electoral lleva adelante una campaña de “reforzamiento de empadronamiento”. Para tal efecto, el TSE habilitó 151 centros de empadronamiento, 64 fijos y 87 estaciones móviles o temporales, con el objetivo de inscribir a más de 130 mil personas mayores de 18 años, entre enero y abril.

Las futuras elecciones judiciales, a la fecha, ya enfrentaron dos tropiezos debido a demandas planteadas ante la justicia, instancia que determinó la suspensión del registro de los postulantes para los altos cargos en el sistema judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Esta situación entorpece el proceso eleccionario, toda vez que afecta a los plazos establecidos tanto en el proceso de preselección en la ALP y los periodos que debe manejar el TSE.

Para el efecto, los miembros del Órgano Electoral y los representantes de la comisión Mixta de Constitución deben definir los periodos para que se desarrollen las elecciones de este 2023.

“Todavía estamos con los plazos técnicos, con los plazos totalmente legales para poder llevar adelante las elecciones judiciales en 2023. Estamos en los plazos. Estamos perfilando que sea el 26 de noviembre, ese día la fecha de las elecciones”, informó el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, al sostener que el plazo técnico e idóneo es de al menos 120 días y no considerar los 90 definidos para los comicios de 2017.

26 autoridades judiciales

En las judiciales de este 2023, los bolivianos asistirán a las urnas para elegir a las autoridades del Órgano Judicial.

Propiciar ley que acorte plazos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, dijo que todavía es posible celebrar las elecciones judiciales este año, por lo que exhortó a las autoridades competentes buscar alternativas para garantizar ese proceso. Recordó que, en 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional emitió la Ley 960, que acortó los plazos en el proceso electoral, por lo que sugirió repetir esa medida.

Oposición pide justicia proba

El diputado Leonardo Ayala, jefe nacional de la bancada de Creemos, pide que se trabaje una ley y reglamento a la medida de las exigencias del pueblo boliviano y no del MAS para contar con autoridades judiciales independientes, probos, con méritos y trayectoria, no así sometidos al partido azul. Ayala explicó los motivos por los cuales presentó el recurso abstracto de inconstitucionalidad.