El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó este viernes que hasta el 17 de mayo próximo la Asamblea Legislativa debe emitir la convocatoria para las elecciones judiciales, de lo contrario, se debe pensar en una norma como la Ley 690, aprobada en 2017.

“En los últimos análisis que hemos hecho en el TSE creemos que hay algunas fechas que debemos tenerlas muy presentes, comenzando por la fecha que emita la Asamblea. Creemos que esta convocatoria debería salir, como máximo, hasta el 17 de este mes, para que en el mes de junio, alrededor del 10 u 11 de junio, el TSE también lance la convocatoria a la elección, y esto nos permitiría realizar la elección el día 5 de noviembre de este año, para de esta manera cumplir los plazos establecidos”, afirmó Hassenteufel, en contacto con la prensa.

Indicó que con esas fechas que plantean, se puede hacer la entrega de las credenciales 30 días antes de la posesión de las nuevas autoridades judiciales, programada para el 3 de enero de 2024, por tanto, las credenciales deberían ser entregadas el 3 de diciembre próximo a más tardar.

“Obviamente, este es el escenario ideal en el marco legal vigente, si acaso no pudiera hacerse la convocatoria desde la Asamblea en las fechas que he mencionado y tampoco el TSE, entonces se tiene que buscar soluciones, para el cual somos creativos, en 2017 se promulgó la Ley 960 en el que se acortó plazos por el cual se pudo llegar a la elección del 3 de diciembre de ese año”, recordó.

En su criterio, en el caso actual si no se pueden hacer las convocatorias en las fechas señaladas anteriormente, se debe pensar en una ley similar a la de 2017. “Para esa opción, el TSE cree que las elecciones deben realizarse el 26 de noviembre de este año, tenemos la posibilidad de llegar a hacer la entrega las credenciales, pero se tiene que hacer una norma modificatoria para el actual esquema electoral, así, será posible (la elección)”.

Dijo que desde el TSE ven que estamos “viviendo días complicados” a raíz de que el Tribunal Constitucional Plurinacional suspendió el proceso, dentro de una acción de inconstitucionalidad que se planteó.