Los vocales constitucionales de al menos siete regiones continúan cumpliendo sus funciones pese a que en febrero de este año terminaron su mandato. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional denuncian que el Consejo de la Magistratura incumple la norma e incluso, revelan que una vocal designada en Pando fue candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2014.

El diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que los vocales constitucionales del país siguen en funciones, pese a que por ley su mandato terminó el 15 de febrero de esta gestión. El legislador, que mandó una Petición de Inforfme Escrito (PIE) a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Mirtha Meneses, solicitó a esa instancia explicar en qué norma se basa para que los vocales constitucionales sigan en sus funciones.

“El mandato de los vocales fue ilegalmente ampliado por el Consejo de la Magistratura sin ningún fundamento ni base legal que sustente esa prórroga de mandato. Por ejemplo, el amparo de los juristas independientes lo conocieron vocales prorrogados de La Paz. Por otro lado, el amparo contra la convocatoria de elección de autoridades judiciales lo conoció un vocal prorrogado del Beni”, denunció Balderas.

El descargo en febrero

Mirtha Meneses, presidenta del Consejo de la Magistratura, deslindó la responsabilidad de la institución que encabeza al señalar que cumplió con su atribución de preseleccionar a los postulantes. La autoridad recordó que el encargado de designar a los vocales constitucionales es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Meneses explicó que cualquier acefalía en el Órgano Judicial genera un presupuesto que no se ejecuta mensualmente, pero dijo que el Consejo de la Magistratura trató de cumplir en 2022 con su responsabilidad en la designación de jueces y vocales.

“Había una convocatoria de vocales ordinarios de la gestión 2021 que quedó pendiente para 2022. Nosotros convocamos (a postulantes), pero la atribución de designación es del TSJ, no del Consejo”, justificó Meneses en febrero de esta gestión.

La Ley 1104 de Creación de las Salas Constitucionales determina la creación de 22 salas constitucionales que funcionan en las capitales de los nueve departamentos. Estas salas cuentan con 44 vocales que deberían ser seleccionados por meritocracia.

Los vocales fueron designados en febrero de 2019 y su mandato dura cuatro años. Son designados luego de un  proceso de selección a cargo del Consejo de la Magistratura, para luego ser elegidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los vocales constitucionales trabajan en sus regiones con las acciones tutelares consignadas en el capítulo segundo de la Constitución como son la Acción de Libertad, la Acción de Amparo Constitucional, la Acción de Inconstitucionalidad, la Acción de Protección de Privacidad, la Acción de Cumplimiento y la Acción Popular.

En los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y La Paz se paralizaron los exámenes de competencia en los que se debía elegir a los vocales constitucionales de cuatro regiones. El Consejo de la Magistratura emitió un comunicado el 8 de marzo para confirmar que se suspendían los exámenes que se debían tomar a los postulantes. Sin embargo, en el pronunciamiento no se hace mención de lo que sucederá con el proceso de selección de vocales para otros cinco departamentos: Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando.

Meneses no atendió las llamadas de este medio para conocer sobre esta suspensión de exámenes, ya que los demandados son la presidenta del Consejo de la Magistratura y los consejeros Omar Michel y Marvin Molina.

El amparo constitucional fue presentado por 11 vocales constitucionales de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Beni. Los mismos señalaron cuatro argumentos de “hecho y derecho”, por medio de los cuales demostrarán que la Magistratura cometió irregularidades al momento de lanzar las convocatorias a esos cargos.

Además, se denunció que el Consejo de la Magistratura demoró dos años y seis meses para hacer cumplir una sanción disciplinaria de suspensión de un mes sin goce de haberes contra dos vocales constitucionales de La Paz. Las autoridades judiciales procesadas acudieron a diferentes recursos para frenar la sanción.

Se trata de los vocales Israel Campero y Miriam Aguilar, quienes fueron procesados en la vía disciplinaria por haber suspendido y demorado la tramitación de una acción de amparo a través de decretos que no tenían sustento y con el argumento de “contingencia sobreviniente”.

A Campero lo vinculan de ser allegado a Héctor Arce, exministro de Justicia y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).