El Concejo Municipal de Cochabamba eligió su nueva directiva. Se hizo costumbre que la bancada mayoritaria obedezca las órdenes del Ejecutivo, vulnerando con eso la separación e independencia de ese órgano de gobierno. Cuando no lo hace, suelen ejecutarse castigos políticos severos contra los desobedientes. Pero algunas de estas acciones pueden ser delitos.

Es natural que en la elección de la directiva las y los concejales apliquen estrategias para lograr tener un apoyo mayoritario y tomar ese espacio de poder, más aún cuando ha habido reelección de una misma persona por ya más de una vez. Todas las y los concejales tienen pues el derecho a aspirar a los cargos internos y pugnar por ello. Sin embargo, cuando el grupo subordinado al alcalde no logra ganar la elección, suele ser difícil para ellos aceptar que perdieron y suelen optar por usar el poder que tienen en el Ejecutivo para movilizar gente en contra de los nuevos electos, pidiendo su renuncia.

Esa práctica podría parecer normal en las luchas de poder, pero el problema es que eso ya se trata de acoso político y de violencia política (Ley 243, artículo 7.a-b). Según el artículo 148 Bis del Código Penal, los “actos de presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función pública, que impida el ejercicio de su derecho político” es delito de acoso político y, los “actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender o impedir el ejercicio de su mandato o su función” es delito de violencia política (artículo 148 Ter).

Son dos concejalas del oficialismo quienes están siendo acusadas de traicionar al alcalde, por haberse atrevido a hacerse elegir sin su autorización. Eso se hace evidente cuando los dirigentes movilizados dicen que esas concejalas “han traicionado a Manfred” y que ellos apoyan a este alcalde. Una autoridad que se supone no tiene que ver, ni tiene porque entrometerse en los asuntos del otro órgano de gobierno. Eso va contra el Estado de derecho y contra la democracia.

Un comportamiento así hace parecer que el alcalde no puede deshacerse de su formación autoritaritarista propio de los militares. Pretender concentrar el poder en él y querer que todos, incluyendo los concejales electos le obedezcan como si fuesen soldados, es pues autoritarismo y se trata de una dictadura fáctica.

Las concejalas víctimas de ese acoso deben denunciar el hecho ante el Órgano Electoral y ante la Fiscalía por delito de acoso y violencia política, para que ambas instancias protejan su derecho político a ser elegidas para la directiva del Concejo y a ejercer el cargo. La justicia debe, además, investigar a los operadores políticos del caso y a los dirigentes sociales que comandaron la movilización para que se les aplique las sanciones que dice la ley.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

Carlos Bellott L.

Constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado

carlos.bellott@gmail.com