En el Pasaje Jáuregui, edificio Atahuallpa, primer piso, zona de Sopocachi, La Paz. Dicen algunos abogados conocedores del gremio y otros ciudadanos militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que en esas oficinas trabajaba uno de los principales asesores del Movimiento Al Socialismo y que antes de 2019 diputados, senadores, ministros y asesores pasaban por ese despacho jurídico para pedir asesorías y consejos.

Por eso, a nadie sorprendió que cuando Luis Arce Catacora asumió la Presidencia del Estado, Iván Lima sea designado como ministro de Justicia. Tenía cercanía con el MAS, fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y gozaba de las simpatías del poder.

Cuando Lima asumió el cargo convocó a una comisión de notables para encarar una reforma judicial verdadera y a su llamado respondieron notables abogados del foro boliviano: José Antonio Rivera, Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Alberto Goitia, José Luis Gutiérrez Sardán, Bernardo Wayar y Soraya Santiago, entre otros.

En ese momento, el flamante ministro de Justicia daba señales de ser un hombre de Estado más que un abogado con inclinación partidaria. De hecho, siempre se ufanó de no figurar en las listas del MAS, aunque su afinidad no dejaba duda alguna sobre sus verdaderas convicciones.

La vida de esa comisión de notables fue, literalmente, una cortina de humo. Se esfumó muy pronto. Además, urgía en el MAS la necesidad de imponer la narrativa del golpe de Estado de 2019, pese al contundente Análisis de Integridad Electoral que fue elaborado por una comisión de expertos independientes de la OEA que llegó a Bolivia a petición del Gobierno de Evo Morales. Sobre ese tema ya se ha dicho bastante.

De pronto, Lima dejó de pensar en la justicia y se abocó a la persecución política de Jeanine Áñez y de todos los miembros de su Gobierno, al extremo de que un dictador como Luis García Meza fue sometido a un juicio de responsabilidades y Áñez es procesada en un juicio penal ordinario, incluso ante las observaciones de la comunidad internacional, simple y llanamente porque todos tienen derecho a un debido proceso.

En las últimas semanas, el ministro de Justicia salió a defender el cuestionado proceso de selección de candidatos para las próximas elecciones judiciales. Ante los cuestionamientos de oficialistas y opositores, no tuvo ningún inconveniente en decir que Evo Morales fue quien seleccionó candidatos para la última elección judicial. Y lo dijo Lima, el actual ministro y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia. 

La elección de altas autoridades judiciales va rumbo al fracaso después de dos fallos de la justicia constitucional que ha observado el accionar de los parlamentarios masistas que aprobaron, sin consenso, una convocatoria para la selección de candidatos, y nuevamente surgió la figura de Lima, quien sugirió que el Tribunal Constitucional Plurinacional modifique la Carta Magna para dejar sin efecto las elecciones judiciales.

La última sugerencia de Lima tiene un tufillo autoritario. Es cierto que la Asamblea Legislativa no cumple su trabajo, pero ¿se justifica el desconocimiento de la Constitución para implantar un aparato judicial a medida y semejanza del Gobierno de turno?

Claramente, existen autoridades que no han dado la talla para los grandes desafíos del país, y en materia de justicia el fiasco es por demás evidente. El ministro de Justicia no es el único culpable de esta debacle, pero tiene su cuota de responsabilidad.  Y con este panorama, ¿qué justicia le espera a la alicaída democracia boliviana?