¿Se puede confiar en quien ha saboteado todos los intentos de reforma judicial desde que llegó al poder? Eso de que el Tribunal Constitucional suprima la elección popular de magistrados, se abra un proceso de negociación con las oposiciones partidarias y otros actores, y se designen a los miembros de los altos tribunales de justicia al margen de la Constitución huele fétido.

En estos dos años y medio de gestión gubernamental, el ministro de Justicia ha demostrado que no tiene capacidad para resolver la crisis del sistema judicial y que su cinismo no conoce límites. ¿No fue quien desechó cualquier negociación con la “derecha golpista” cuando conformó una comisión de notables para encaminar la reforma a la que luego torpedeó?

¿No fue, acaso, quien hace poco desahució la iniciativa de los juristas independientes para modificar el sistema de preselección de candidatos mediante un referéndum judicial que abra paso a la reforma parcial de la Constitución y ahora dice que las 833.115 firmas recolectadas a nivel nacional deben ser tomadas en cuenta en cualquier futura negociación?

Iván Lima ha perdido credibilidad en este tema. La desconfianza aumenta cuando se apoya en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en el último tiempo ha extralimitado sus competencias so pretexto de control de constitucionalidad y puede “inaplicar” nuevamente la Carta Magna, disponiendo el cambio de la figura de elección por designación de magistrados.

Dirá el ministro: Un momento, aquí quien presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP no fue el Gobierno, sino un diputado de oposición. Como si no se supiera que el personaje en cuestión es uno de los acusados en la bancada de Creemos de haberse vendido al oficialismo en la aprobación de la ley del oro.

Como si no se supiera que en 2017 el Tribunal Constitucional habilitó la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera argumentando que es un derecho humano o que en 2019 emitió un comunicado oficial en el que avaló la sucesión constitucional en favor de Jeanine Áñez y, cuando el masismo volvió al poder, aseguró que dicho pronunciamiento no tiene ningún valor jurídico.

Como si no se supiera que en 2021 el Ministro de Justicia reveló que una sentencia constitucional declaraba nulos los juicios en rebeldía y luego el fallo desapareció en los recovecos del Tribunal Constitucional porque el Ejecutivo cayó en cuenta que se quedaría sin un arma de persecución política contra los opositores.

Desde que Lima planteó, a fines de abril, la alternativa de suprimir la elección judicial y negociar una eventual designación de magistrados, las fuerzas opositoras no han tenido reacciones concluyentes sobre lo que aparece como una trampa oficialista que puede terminar involucrando a Comunidad Ciudadana, Creemos y al evismo o facciones de esos grupos parlamentarios.

“Una gran pregunta que hay es si es necesaria una elección judicial”, aseveró el ministro luego de que el arcismo diera muestras en la Asamblea Legislativa de que puede conseguir los votos que necesita e intentar reunir los dos tercios en base a prebendas y “maletines azules”, como se ha denunciado desde las mismas tiendas opositoras.

La bancada evista es permeable, Comunidad Ciudadana perdió el control de sus legisladores y la alianza Creemos está fragmentada en el Legislativo. Un terreno relativamente fácil para que el Gobierno se asegure, por ejemplo, una norma que disponga la designación de magistrados obviando la votación popular.

Un cuarto actor en esta historia es el grupo de juristas independientes que ha quedado como garante de 833.115 partidas o datos de personas que pusieron la firma en 8.331 libros para que cambien las reglas de juego en la preselección de postulantes a altos magistrados.

No está por demás recordar que se firmó para que haya idoneidad en las postulaciones, un presupuesto mínimo consignado en la Constitución y para que la justicia llegue a los barrios y comunidades. No se firmó para que ignoren el precepto de que los magistrados son elegidos por voto de la gente.

En cualquier negociación o proceso de diálogo que impulse el Gobierno se espera que los juristas no dejen su apego a la Constitución y, más bien, propongan que lo que no se pudo conseguir con la cruzada por el referéndum judicial, se plasme en una ley que dé paso a la elección de los mejores como magistrados.

No hay que perder de vista que el Gobierno está jugando con el calendario que marca el fin del mandato de los actuales magistrados el 30 de diciembre de este año, y con plazos imposibles de ser cumplidos en cuanto a la preselección, evaluación y elección de nuevos magistrados, teniendo en cuenta que el proceso estará paralizado hasta que la justicia constitucional emita un fallo.

El agotamiento del tiempo es parte de la trampa. Abrir las negociaciones sabiendo que pueden no llegar a nada y usar ese resultado negativo para plantear una salida inconstitucional no parece descabellado si, además, es acompañado por un pronunciamiento internacional que apunte a que la elección de magistrados en Bolivia no se ajusta a lo estándares mundiales de renovación de la cúpula judicial.