La sesión de la comisión mixta de Constitución fue suspendida, por el momento, hasta encontrar consensos sobre un proyecto de ley que permita reiniciar el proceso de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial; mientras el abogado constitucionalista Israel Quino diseñó la estrategia que debiera seguir la Asamblea Legislativa contra el TCP y advirtió que sin dos tercios en el parlamento se perfila el decretazo presidencial que designará autoridades judiciales.

“Los dos tercios es la llave constitucional del candado que lo tienen las minorías y las fracciones del sistema de partidos que está quebrado, por lo menos hay siete fracciones políticas en el legislativo (…), entonces, si no hay consenso, no hay los dos tercios, no van a haber elecciones judiciales en Bolivia, por tanto, se allana cada vez más el camino para que se designe a la cúpula judicial del país vía decretazo presidencial”, opinó el especialista en temas constitucionales.

La comisión mixta de Constitución debía sesionar el martes, sin embargo, la misma fue suspendida para este miércoles, pero nuevamente no hubo acuerdos internos y la reunión de la presidenta de la Comisión en la Casa Grande del Pueblo continuaba en la noche.

La presidenta de esta instancia, Patricia Arce, informó que tuvieron asesoramiento de especialistas constitucionalistas que recomendaron la aprobación de una ley, aunque desde su perspectiva, no hay ninguna vulneración legal con los dos reglamentos que aprobaron.

La senadora Silvia Salame y el diputado Carlos Alarcón, ambos de Comunidad Ciudadana, fueron los únicos que presentaron una propuesta legal e insistieron desde un principio que se requería de una ley y no de un reglamento; ahora el MAS habla de la ley, al igual que la sugerencia de Israel Quino.

El abogado también explicó que la Vicepresidencia del Estado debería plantear un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados René Espada Navía y Karem Gallardo Sejas, que fueron los que emitieron el auto constitucional 0183/2023-CA que suspendió la preselección de magistrados hace una semana.

“Lo que hizo el Tribunal Constitucional es generar un acto de prevaricato y un acto de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por tanto, la Vicepresidencia podrá anunciar un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional”, dijo Quino y explicó las razones.

En su criterio, el Auto Constitucional es ilegal porque el mismo Código Procesal Constitucional establece que cuando hay una objeción a una resolución del Órgano Legislativo corresponde aplicar el “recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo” previsto en el artículo 139 del Código Procesal Constitucional; pero el diputado Leonardo Ayala presentó una “acción de inconstitucionalidad abstracta”, que figura en el artículo 74 de la misma norma.

Según Quino, el propio Código Proceso Constitucional establece con precisión qué tipo de recurso se puede plantear cuando un Órgano del Estado emite una norma y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debieron tomar en cuenta este aspecto, por esa razón son pasibles a ser juzgados.