El Movimiento Al Socialismo (MAS), a pedido del presidente y vicepresidente del Estado, se comprometió a garantizar las elecciones judiciales para diciembre de este año y no para octubre, como estaba previsto inicialmente. La posesión de autoridades se mantiene para el 3 de enero de 2024, como dicta la Carta Magna. La Comisión Mixta de Constitución aún no se reúne para definir la elaboración de una o dos leyes para una nueva convocatoria y la presidencia coordina los plazos con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Entre tanto, crecen las acusaciones contra los magistrados que frenaron en dos oportunidades el proceso de preselección y que —según los legisladores— sobrepasaron las competencias de su órgano de poder cuando solo debían dictar tutela a favor de los derechos que se estaban vulnerando con el reglamento.

“La consigna que tenemos todos los del MAS consiste en garantizar las elecciones judiciales y en eso vamos a trabajar. El vicepresidente y el presidente nos han pedido que cumplamos con lo que dice la Constitución y de que haya elecciones judiciales en diciembre y que el 3 de enero se posesionen a las nuevas autoridades”, confirmó la senadora y presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce.

Explicó que la propuesta legislativa del MAS tendrá algunos ajustes, luego de una reunión con los técnicos del TSE con los que coordinaron los plazos “fatales”. Agregó que el recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de preselección de candidatos que frenó el proceso los dejó sorprendidos, incluso despertó la molestia de las organizaciones sociales que expresaron su intención de tomar las instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Hay mucha molestia de las organizaciones sociales y ya estaban queriendo trasladarse a Sucre para tomar el TCP y les dijimos que vamos a viabilizar”, aseguró la parlamentaria oficialista.

La Comisión Mixta de Constitución aún no llamó a sesión en la que se espera tratar y debatir las propuestas de las tres fuerzas políticas. Creemos pide esperar el fallo del TCP antes de tomar una decisión, mientras que Comunidad Ciudadana (CC) apuesta por su ley de garantías o la ley reglamentaria propuesta por dos senadores.

La senadora de CC Silvia Salame informó que este jueves, en la sesión de la Cámara Alta, pedirá que se considere el proyecto de ley 76, de habilitación y preselección de candidatos para la conformación de magistrados y consejeros al Órgano Judicial, mismo que presentó por segunda vez tras el rechazo del MAS.

“Pediré que se trate nuevamente en Senadores el proyecto de ley que he vuelto a presentar y que en este momento está en la Comisión de Justicia Plural”, dijo Salame.

La opositora cuestionó al MAS por plantear una “ley corta” cuyo objetivo no estaría claro. Explicó que ese tipo de norma permite que solo se aborde algún aspecto de modificación como la Ley 025, aunque se requiere cambiar la Ley 027 que alcanza al TCP.

Para su colega diputado Pablo Arizaga debe haber una sentencia constitucional antes de pensar en una ley o trabajo paralelo respecto a la preselección de candidatos al Órgano Judicial. “Los que han decidido paralizar el proceso tienen que asumir las consecuencias de no tener autoridades legalmente establecidas” y apuntó como responsables al TCP, además del Ministerio de Justicia.

Adelantó que un juicio de responsabilidades contra las autoridades mencionadas sólo será posible cuando se conozca el fallo de los magistrados.

Por su lado, el diputado Daniel Rojas, del ala radical del MAS, dijo que cada día que pasa “al anhelo de unas elecciones judiciales ya parecen un sueño”.

“Nos sentimos preocupados por todas estas chicanas jurídicas que constantemente se han ido presentando y lo más curioso es que esto parte también de algunos magistrados. Parece que van a lograr su objetivo (de quedarse) por decreto o bien dándoles más tiempo a los actuales magistrados”, puntualizó.

Respecto a los plazos, el vocal Tahuichi Tahuichi advirtió que la Asamblea Legislativa tiene como un último plazo para realizar el proceso de selección de precandidatos el 17 de mayo y para entregar las listas hasta el 6 de agosto.

“Esos 150 días (que tiene el TSE para organizar los comicios) se están reduciendo a un plazo fatídico. Esto pone en riesgo el proceso electoral. Ese 6 de agosto hace que el Órgano Electoral tenga un plazo mínimo de 90 días para llegar al 5 de noviembre”, advirtió.

Una alternativa que podría tomar el MAS es la que se hizo en abril de 2017 cuando se promulgó la Ley Nº 929, que modificó las leyes 025 del Órgano Judicial, 027 del Tribunal Constitucional y 026 del Régimen Electoral. Se redujo entonces el número de integrantes del Consejo de la Magistratura; se incrementó el del TCP a nueve magistrados; se dispuso que el Tribunal Agroambiental esté conformado por cinco magistrados, que se dividieron en dos salas sin que el presidente integre las mismas; y el Tribunal Supremo de Justicia mantuvo su composición de nueve miembros.

En el caso del TCP se pasó de la circunscripción nacional a la departamental para la elección de sus miembros. Finalmente, se amplió de 60 a 90 días el plazo de la fase de preselección de candidatos; se flexibilizó la difusión de méritos de los candidatos y se modificó la papeleta de sufragio.

TCP, Evo y Lima cuestionados
El freno a la preselección de magistrados causó que cada fuerza política de la Asamblea identificara a los presuntos responsables e interesados de no querer la renovación de las altas autoridades. CC y los renovadores del MAS apuntaron al TCP; los radicales y la alianza Creemos al Gobierno, y otros opositores también acusaron al expresidente Evo Morales.

“Para mí el que manipula y siempre lo hace es Evo Morales, no se olviden que estas cortes han sido electas en su periodo. Creo que si hay alguien a quien le beneficia que se quede esta gente o que entre gente que le debe el favor a alguien, es a Evo”, insistió la senadora Silvia Salame.

También apuntó a los miembros del TCP, quienes no tendrían posibilidades de postular a otros cargos porque —según sus investigaciones— tienen procesos de incumplimiento de deberes y denuncias. “Están queriendo orillar al presidente o a la Asamblea a que no dé el tiempo y ellos deben creer que es posible una ley para ampliar el mandato”, afirmó.

La oficialista Patricia Arce dijo estar sorprendida con el actuar de los magistrados y los convocó a presentarse a la convocatoria. “Si ustedes no tienen nada que ocultar o ningún proceso pendiente, háganlo”, manifestó.

Héctor Arce, diputado evista, considera que hay una “mano negra” que intenta sabotear el proceso electoral. “Creo que algunos magistrados están haciendo este trabajo sucio para buscar su ratificación o su repostulación en otro órgano. No puede ser que todos estos amparos se resuelvan en Beni donde este magistrado Hurtado tiene el control. Ya he perdido la esperanza en este proceso”, argumentó el masista.

La diputada de Creemos María René Álvarez señaló al Ejecutivo como responsable de obstaculizar la elección judicial para prorrogar a las autoridades porque serían afines al Gobierno.