La justicia en el país va de mal en peor. La fórmula electoral para elegir a la cabeza del poder judicial resultó un desastre. Los magistrados no ganaron legitimidad, como se pensaba, más bien la perdieron. Desde entonces caminan con la sombra de la ilegitimidad a cuestas. ¿Qué viene ahora?

No es desconocido que la justicia boliviana pasa por uno de sus peores momentos, no sólo por su visible instrumentalización política por parte del poder ejecutivo, sino porque en casi todos sus niveles se muestra carente de ética y de profesionalismo. De todas maneras, sería un exceso decir que esta situación nació con el gobierno del MAS, ya antes la justicia mostraba estos síntomas, aunque no en los niveles actuales. Si antes tenía un resfrío, ahora tiene una pulmonía.

En febrero de 2022, Diego García Sayan, el relator especial de independencia de magistrados, señaló –quizá con algo de suavidad– que “la justicia está lejos de la gente”, para denotar la existencia de una generalizada impunidad frente al crimen. Esto es particularmente grave, ya que la crisis de la justicia puede derivar en una crisis generalizada de la democracia, como de hecho viene sucediendo. Ningún régimen democrático puede sobrevivir, si los ciudadanos creen que la justicia sirve al poderoso o poderosa de turno, y menos, si ella no castiga a los delincuentes y los criminales. 

Peor que la enfermedad

Cabe mencionar que la justicia sirve como generador de confianza para la convivencia pacífica de la gente. Si existe una que “está lejos de la gente”,  no puede crearse lo que los sociólogos llaman “capital social”, un elemento que hace que la sociedad no sólo sea una simple sumatoria de individuos, sino la suma de voluntades en busca del bienestar común.

Para solucionar estos graves problemas de la justicia, es que Bolivia desde la nueva Constitución que comienza su andadura en 2009, adoptó el sistema de elección por voto popular de sus máxima autoridades judiciales. Este mecanismo, por cierto inédito en América Latina, hace que la fuente de la legitimidad del juez supremo, sea una legitimidad directa, proveniente de las urnas, antes que una legitimidad indirecta, proveniente del poder legislativo. 

Se decía que los diputados y senadores y carecían de la legitimidad suficiente para nombrar a las personas en los cargos de las altas cortes y que era necesaria “devolverle esa potestad al pueblo”,  por lo que se optó por elegirlos en las urnas. Eran tiempos que, a nombre de luchar contra la “partidocracia”, todo discurso y propuesta con un cariz democratizante alcanzaba las ansiadas credibilidad y aprobación. 

Empero, como veremos a continuación, el remedio fue fatal para este propósito ya que, en realidad, la elección por voto popular fue fuente de ilegitimidad de las altas cortes. Como señalan los politólogos Driscoll y Nelson: “los reformadores creían que la elección directa de jueces inyectaría nueva vida y legitimidad a un sistema judicial tan criticado”. A la postre esto no fue verdad.  

Para demostrar esta ausencia de legitimidad de las altas cortes a continuación vemos el comportamiento del voto nulo en relación al voto valido en las elecciones judiciales de 2011 y 2017. A pesar de que el voto nulo no cuenta para fines de elección, es justo tomarlo en cuenta, ya que es una forma de resistirse a la totalidad de los candidatos y a la elección misma. Si bien no cuestiona la validez legal de la elección, sí produce un problema de legitimidad ya que, finalmente, el voto nulo (más aún si este es masivo) produce un problema de legitimidad de origen, puesto que los jueces habría sido elegidos a contracorriente de la voluntad popular.

Vale la pena señalar que los votos nulos son aquellos donde el votante ha realizado  en la papeleta electoral marcas, signos o expresiones realizadas fuera de la casilla correspondiente, o cuando se verifica que la papeleta está rota, incompleta o con alteraciones en su forma.

Elecciones judiciales de 2011 y 2017

Los ciudadanos han sido convocados en dos ocasiones para las elecciones,  2011 y 2017.  Se pusieron en juego los cargos de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Para nuestro análisis sólo tomamos en cuenta a las elecciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), comparando el comportamiento del voto válido (aquel que efectivamente escoge a un determinado candidato) versus el voto nulo (aquel que rechaza a la totalidad de los candidatos). 

Como se puede observar, para las judiciales de 2011 los votos nulos habían vencido a los votos válidos en los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, es decir, en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia (con un porcentaje notable en Santa Cruz). En términos nacionales, en 2011 los votos válidos lograron captar el 42, 1% y los votos nulos un 44.3% de los votos. 

Ahora veamos los resultados de las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional para el año 2017.

El año 2017 el voto nulo para la elección del TCP había triunfado en 7 de los nueve departamentos del país. Con altos porcentajes en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Siendo las excepciones Potosí y Pando. En términos generales, un 50,9% de la población anuló deliberadamente su voto. Este hecho no se presentó, en esos niveles tan altos, ni para los referendos y menos para las elecciones presidenciales.

En suma, las elecciones de 2011 y las de 2017, muestran que la población, encontró en el voto nulo un mecanismo democrático para expresar su resistencia o rechazo no sólo a los candidatos sino, probablemente, a la forma de elección de los mismos. Es probable que, de no ser el voto obligatorio, este rechazo se hubiera expresado en un ausentismo en las urnas, como suele pasar en otros países cuando el sistema político pasa por problemas de credibilidad y representatividad. 

Si bien el voto nulo no ha afectado a la elección de los componentes de las altas cortes, no se puede desconocer el mensaje que portan. Existe un profundo descontento en la elección de los componentes de los tribunales de la justicia boliviana. 

Si esto se repite en las elecciones de los magistrados para el año de 2023, las que debería proceder es iniciar nuevamente el proceso de preselección de los candidatos, pero de manera transparente y meritocrática, que no tenga como objetivo central el control político de un poder del Estado sobre otro. Lo que está en juego es la legitimidad de la propia democracia boliviana. [P]

El Estado anómico

Peter Waldmann, sociólogo político alemán

La debilidad del Estado se presenta como la incapacidad de garantizar un orden pacífico vinculante para todos y de brindar las prestaciones elementales, es decir, como una debilidad relacionada con el orden y otra con la organización. Ambas están estrechamente relacionadas entre sí y tienen como trasfondo la incapacidad estatal de hacer cumplir por todos las leyes y no solo promulgarlos. En el ámbito legal es donde más claramente se manifiesta que en muchos Estados latinoamericanos la estatalidad nunca ha sido realizada: empezando por las constituciones, cuya letra y espíritu se infringen permanentemente, pasando por las leyes con frecuentes deficiencias técnicas, contempladas por los ciudadanos en principio con desconfianza y aplicadas por las autoridades administrativas de manera selectiva y arbitraria, hasta los jueces y tribunales no siempre accesibles para el ciudadano corriente y considerados corruptos en general. La aplicación del derecho en América Latina es un amplio campo que permite observar todas las formas de desviación imaginables de lo que realmente merecería el nombre de Estado de Derecho.

La debilidad estatal tiene dos aspectos complementarios: por un lado, el Estado nunca ha podido imponerse en los aspectos centrales de la soberanía (monopolio de la recaudación impositiva y la fuerza) frente a los grupos de la sociedad y los individuos que le disputan ese derecho. Por otro, nunca ha conseguido refrenar ni disciplinar a sus propios miembros y órganos, siendo esto en parte la consecuencia y la causa de lo mencionado antes. No son únicamente los ciudadanos corrientes quienes no tienen mucho respeto ante las leyes sino que los propios funcionarios del Estado las contravienen con regularidad.

La tesis de la anomia se puede resumir en cuatro puntos:

1. El Estado latinoamericano no ofrece a los ciudadanos ningún marco de orden para su comportamiento en el ámbito público, sino que es más bien una fuente de desorden. No crea las condiciones para que haya una certeza en cuanto al comportamiento y la orientación, sino que más bien contribuye a desorientar y confundir a los ciudadanos.

2. Esto se debe en parte a que pretende regular ámbitos sociales y modos de comportamiento que ocupa ficticiamente y que no está en condiciones de dominar y controlar efectivamente. 

3. Por otra, el propio personal estatal, los funcionarios de la administración, los jueces y los policías son la cauda de continuas irritaciones, temores y sensaciones de inseguridad de los ciudadanos, ya que no cumplen con las leyes estatales. Lejos de constituir un oasis de fiabilidad y seguridad, son focos de arbitrariedad y de desviación de las normas. El problema esencial es que los privilegios y las atribuciones especiales que se les concede a los funcionarios en razón de su función suprapartidista son utilizados con fines privados y se transforman en armas peligrosas dirigidas contra los ciudadanos que procuran defenderse del abuso de la autoridad.

4. Un Estado que no está en condiciones de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos respecto al mantenimiento del orden y de la seguridad, desde el punto de vista de los afectados carece de legitimación elemental. Lo que el Estado latinoamericano le sigue adeudando a sus ciudadanos es justamente la creación de ese orden, razón por la cual ellos a su vez le niegan el reconocimiento social básico.

Particularmente alarmante resulta constatar repetidamente que en numerosos Estados la violencia y la corruptibilidad no se limitan a los rangos bajos y mal pagados de los funcionarios, sino que, al contrario, van aumentando a medida que se sube por la pirámide jerárquica. Esto puede ser interpretado como indicio de que el Estado latinoamericano no ha sabido socializar ni disciplinar sus élites y de que, al revés, son estas las que lo instrumentalizan para perseguir sus fines privados. [P]

(Tomado de Peter Waldmann, El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad, 2003).

* Franz Flores Castro, politólogo