Me han preguntado si los Juristas Independientes han fracasado al no lograr el millón y medio de firmas para percutir su propuesta de reforma judicial, vía iniciativa popular. Me acordé inmediatamente de aquella frase: “Todo depende del color del cristal con que se mire”, que unos le atribuyen a Shakeaspeare y otros, a Campoamor y Camposorio. Pues bien, si nos centramos en el objetivo final, si, no lograron tamaña cantidad de firmas en el breve lapso disponible y especialmente, contra todo el establishment oficialista en contra, encabezado –patéticamente– por el mismísimo presidente del Órgano Electoral y así sucesivamente, por toda la maquinaria gubernamental que tembló ante el cuestionamiento ciudadano a uno de los peores productos que el plurinacional a parido –aunque antes también ya la cosa ya venía muy fea– como es la administración de justicia.
No obstante, si partimos que la iniciativa popular constituye un mecanismo de la democracia directa y participativa prevista por la actual CPE cuando le franquea al ciudadano percutir mediante esa iniciativa popular su reforma parcial y, a la vista que no siempre la gloria está en la meta sino en el camino recorrido, es probable que por lo menos cabría matizar ese fracaso cuantitativo, más jamás cualitativo. "Hay menos alegría en la taberna, que en el camino que conduce a ella", escribe McCarthy.
Para los panegíricos de la actual CPE, ha sido un gran acierto del Constituyente el haber introducido aquel mecanismo de democracia directa mediante la iniciativa popular para reformar parcialmente la CPE, para lo que es necesario que el soberano recaude el 20% del padrón electoral. En abstracto, por supuesto que sí; pero en la dura realidad, como acabamos de ver y los juristas independientes sufrir, resulta que se cumple aquello de los Romanos que eran unos sabios del Derecho, cuando enseñaron que de nada sirve tener el Derecho (léase iniciativa popular para reformar la CPE) sino tienes la garantía, es decir, el mecanismo que permite operar o hacer funcionar aquel Derecho. Peor cuando el establishment pone vallas de obstáculos.
O en buen romance, el papel lo aguanta todo: la CPE franquea ese poderoso Derecho al ciudadano, pero luego, el poder hace todo lo que puede para oponerse a su efectivo ejercicio cuando la iniciativa amenaza a sus intereses, siempre coyunturales, con lo que existe la gran posibilidad que al final del día, ese Derecho sea vaciado de contenido. Hecha la CPE y hecha la trampa o estrategia envolvente, debe estar pensando el amable lector…
Con todo, los juristas independientes nos han mostrado nuevamente más allá de toda duda razonable, aquello de que cuando los de abajo –léase los ciudadanos– nos movemos, los de arriba tiemblan y podrían caerse. No habrán logrado el millón y pico de firmas requerido, amparo incluido ante un “tribunal de garantías”, la carrera indisimulable de obstáculos puestos por el oficialismo, los temores y desconfianzas sembrados, etc; pero como ciudadano y sin que necesariamente haya compartido toda la propuesta –sigo sosteniendo que uno de los peores errores del Constituyente ha sido establecer la elección popular de altos cargos del sistema de justicia– aplaudo que hayan tenido el acierto de proponernos una propuesta ciudadana de reforma del sistema que era la que había sin ser perfecta y, especialmente, pese a todo, tuvieron el coraje de avanzar con la titánica tarea de recopilar las firmas, con el valioso y desinteresado voluntariado de muchos ciudadanos que así las cosas, fundamentalmente, le espetaron a quienes deliran con que el país y sus ciudadanos fuéramos de su propiedad incluyendo lo que queda de sus instituciones, que ya no podemos continuar con el estado del arte de la actual administración de justicia, prostituida por el poder político partidario y otros factores de poder que han puesto en indefensión al soberano. Excepciones, aplican.
Precisamente, todos los acontecimientos y preparativos que se están desencadenando y urdiendo en estos momentos con el ya fracasado proceso –el tercero– de elección popular de esos altos cargos, incluyendo el vomitivo riesgo del decretazo inconstitucional para prorrogar a los actuales y/o designar a dedo vía ley corta o lo que se llame, a otros serviles, prueba el tamaño y magnitud del desastre en el que ha degenerado el sistema de justicia, completamente extraviado en su laberinto: ¿Hasta cuándo los diferentes gobiernos podrán así mantenerlo y el soberano tolerarlo?... Alexander Hamilton, en sus “Federalist Papers” ya lo alertó: “La administración ordinaria de la justicia, contribuye más al aprecio del público hacia su gobierno, que cualquier otra actividad”.
