La preselección de magistrados a cargo de la Asamblea Legislativa está en pausa y con pocas señales de avanzar por causa de los desacuerdos entre las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria. Tienen propuestas diferentes para continuar con el proceso suspendido por un recurso de inconstitucionalidad. Entre tanto, el ala evistas del MAS y Comunidad Ciudadana (CC) alertaron que el Gobierno espera un fallo “trucho” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anule las Elecciones Judiciales y, de ese modo, blindar las designaciones por decreto o por ley.

Sobre la elección de los precandidatos a magistrados, CC insiste en considerar la ley de garantías propuesta por Carlos Mesa o la iniciativa de la senadora Silvia Salame que permita a un comité técnico de expertos calificar a los postulantes. Creemos prefiere esperar el fallo constitucional que dará las directrices de cómo proceder con la elección, mientras el bloque renovador del MAS, conocido como arcistas, apela a una ley para una nueva convocatoria.

“La postura que hemos manifestado desde un inicio es que para este proceso sí o sí tiene que haber una ley reglamentaria. Las bases están dadas en la ley de garantías presentada por el diputado Carlos Alarcón y la otra que presenté y que el día jueves debería tener un informe de la Comisión de Justicia Plural”, aseguró la senadora proyectista, Silvia Salame, de CC.

Las propuestas de CC contemplan la creación de “tribunales departamentales de mérito” para la preselección de postulantes a cargos judiciales de alto rango, cambio en la forma de calificación y la eliminación del “pasanaku” de autoridades.

Salame informó que solicitaron una reunión con el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, para explicar que no se puede dilatar el proceso ni poner “parches” al reglamento.

La senadora oficialista Patricia Arce anunció que el MAS está trabajando en una ley de convocatoria que extienda los plazos de la preselección de magistrados, misma que debía ser planteada ayer martes en la sesión de la Comisión de Constitución y que fue postergada sin fecha.

“No vamos a esperar los 15 días que responda el vicepresidente y luego nos responda (el TCP) y nos estemos carteando, hemos visto la manera de trabajar una ley para que podamos viabilizar una nueva ley de convocatoria y plazos”, manifestó la legisladora.

En 2017 también fue planteada una acción de inconstitucionalidad que modificó la forma de convocatoria a través de la Ley 960 de 23 de junio de 2017, para viabilizar la preselección y elección de máximas autoridades del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Para el diputado opositor Carlos Alarcón, CC, la ley es solo un formalismo. Recalcó que se debe debatir el contenido de la misma para dar las garantías a elegir a las mejores autoridades. “No hay que dejarse engañar por los cantos de sirena, ni de la senadora Patrica Arce ni del ministro de Justicia. No vemos que haya una intención real y auténtica para generar un proceso que dé como resultado jueces creíbles”, sentenció.

El proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial se truncó, primero por un amparo y, luego, por un recurso de inconstitucionalidad que revisará el reglamento aprobado en abril. En ambas convocatorias no se lograron las 96 postulaciones.

Desde Creemos, la diputada Tatiana Añez dijo que insistirán en un proyecto de reglamento o ley que permita conformar una comisión técnica meritocrática, pero mencionó que “no se debería tomar una decisión hasta no saber la resolución” del TCP.

“Ya lo hemos cuestionado cuando el MAS modificó el artículo y advertimos que no debía modificarse sin que lleguen los otros recursos que se plantearon, pero el MAS insistió en hacer los cambios y pensando que de esta manera iban a hacer que el proceso continúe de forma rápida”, enfatizó. 

Posible anulación electoral
Tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma temporal la selección de precandidatos, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que “hay muchas posiciones en este momento, una de ellas plantea que no haya elecciones judiciales”, por ello convocó a una consenso nacional para analizar
cómo enfrentar la reforma judicial. Estas declaraciones fueron tomadas por CC y los evistas como la intención de eliminar la elección por voto popular, como establece la Carta Magna.

“El problema es que está develada la estrategia que tiene el MAS. Las declaraciones del ministro Iván Lima así lo manifiestan. El ministro Lima, muy suelto de cuerpo, manifiesta que los efectos de la acción abstracta de inconstitucionalidad permite dejar sin efecto el voto popular”, advirtió el jefe de bancada de CC, diputado Enrique Urquidi.

El opositor sostuvo que el MAS prepara el terreno para que el presidente Luis Arce, por medio de una norma o ley corta, tenga la posibilidad de elegir a los miembros del Órgano Judicial. Apuntó que el debate de aprobar una ley es una “pantalla” porque tienen otros planes.

La senadora Salame aclaró que ningún fallo de TCP puede modificar la Constitución y, si lo hiciera, sería un “aplazo más de los muchos” que tiene el TCP.

Henry Montero, senador de Creemos, coincidió con Urquidi y señaló que el oficialismo tiene su estrategia que es dilatar el proceso y que mediante una ley corta no para ampliar plazos de una nueva convocatoria sino para habilitar suplencias por dos años.

El ala evista, representada por el senador Leonardo Loza, manifestó que las elecciones judiciales se están convirtiendo en una “chacota política” cumpliendo intereses políticos de algunas autoridades con “pactos oscuros”.

“Están preparando algo. Veo que no quieren una elección constitucional o querer que el pueblo elija con su voto. Veo ese interés y creo que están metidísimas algunas autoridades del Gobierno. En el fondo no sé si pactarán con la derecha. Yo creo que están haciendo más pactos oscuros”, señaló.