Soy uno de los 833.115 ciudadanos, hombres y mujeres, que firmó el libro para que en un proceso participativo, transparente, pacífico y democrático comencemos a recuperar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional de las manos de una casta emergente que lo ha conducido a una de sus peores crisis de la historia del país.

833.115 ciudadanos respondimos a la convocatoria de un grupo de abogados idóneos académica y moralmente, que han elaborado una propuesta para la reforma constitucional del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional a partir de la cual se reconstruya este poder, indispensable para la pacífica convivencia ciudadana. Poder que los circunstanciales inquilinos del rascacielos presidencial usan como instrumento de represión política y extorsión ciudadana, pues, para peor, se trata de una casta a la que el ejercido del poder desde 2006 ha ensordecido, lo que les imposibilita entender los mensajes que la ciudadanía les manda.

Esa casta, no sólo no entiende la importancia de reformar profundamente al Órgano Judicial –que también la ayudaría en la gobernanza en circunstancias tan complicadas como las actuales--, sino que ha utilizado todos los instrumentos que tiene a su alcance para boicotear esta forma pacífica y democrática de actuación cívica, reconocida por la Constitución que ellos mismos redactaron. Pese a ello, 833.115 personas respondieron a la convocatoria hecha por los impulsores del proyecto.

Oficialistas y autoridades han reaccionado ante este resultado como lo hicieron luego del referendo de febrero de 2016, cuando la gente rechazó modificar la Constitución para que Morales y García se eternicen usufructuando el poder. También en 2019, cuando la ambición de poder hizo que estos personajes tuvieran que montar un descarado fraude porque habían perdido buena parte de su electorado sin entender, hasta ahora, las razones por las que la reacción ciudadana en su contra fue tan contundente que huyeron despavoridos del país. Y en 2020, cuando la ciudadanía les renovó su apoyo creyendo el discurso conciliador que utilizaron durante la campaña, que cambió a un discurso de odio y confrontación en la propia posesión de Arce y Choquehuanca.

Así, con la vista concentrada en gobiernos como el cubano, el venezolano y el nicaragüense donde el interés fundamental de sus gobernantes se ha reducido a reproducirse a como dé lugar en el poder, los dirigentes de los varios MAS que existen y las autoridades de gobierno tampoco entienden el mensaje de las 833.115 personas que pedimos la reforma del Órgano Judicial. Más bien, se empecinan en mantener y profundizar su crisis, y afinan sus instrumentos de coerción.

En este escenario, el desafío es mantener y ampliar ese encuentro pacífico de ciudadano y transformarlo en un movimiento social plural y democrático que ayude a resistir la consolidación de un proyecto autoritario de poder y a participar en la tarea de reconstruir un Estado democrático.

De esa manera, se evitará caer en el desánimo, como desean que lo hagamos los detentores del poder, pues esa actitud nos puede conducir a la resignación y la inmovilidad o, al contrario, a radicalizar sin sentido acciones desesperadas.

Conviene recordar que, como en muchos hitos de nuestra historia, la gente ha podido más que los conductores extraviados, ahora ya hay 833.115 ciudadanos, hombres y mujeres y en todo el país, que piden cambios, número que crecerá a medida que dirigentes del MAS y autoridades sigan mostrándose sordos ante las demandas de la gente.

Juan Cristóbal Soruco es periodista.