Cada pueblo tiene la (in)justicia que merece, dan ganas de decir al conocer el resultado de la cruzada nacional por la reforma del sistema judicial, lanzada por el grupo de juristas independientes a inicios de este año. Enfocada en una campaña de recolección de firmas para respaldar el pedido de reforma parcial de la Constitución, como paso inicial para lograr cambios fundamentales en la administración de justicia, la cruzada vio frustrado su propósito, pese a los esfuerzos de un ejército de voluntarios desplegado por todo el país: sólo logró 833.115 de las 1,5 millón de firmas necesarias para convocar un referéndum.

Un resultado desalentador, a primera vista, si consideramos que el objetivo de la cruzada respondía a una de las demandas centrales instaladas en la población boliviana: reforma de todo el sistema de justicia. ¿Quién no ha escuchado alguna o muchas quejas por cómo actúan policías, fiscales y jueces al momento de investigar una denuncia? ¿Acaso no hay un malestar generalizado, provocado no solo por la evidente judicialización de la política y el burdo control político de fiscales y jueces, sino también por la cada vez más vergonzosa subasta de fallos judiciales a medida del mejor postor, independiente de la política?

La queja contra los administradores de justicia es generalizada, en todos los sectores de la población. ¿Por qué entonces no cuajó esta cruzada por la reforma judicial? No faltarán las críticas al proceso por parte de quienes nunca lo apoyaron, algunos con razones serias, pero muchos otros por oposición a los promotores de la cruzada. Unos y otros fallaron en sus miradas y apuestas, porque no supieron ver o valorar el potencial de la misma como provocador de una movilización ciudadana importante y urgente, capaz de dejar evidente su malestar frente a los abusos y atropellos no solo desde el sistema judicial, sino también desde los tres niveles de gobierno, en especial desde el poder central.

Tal vez no fue la propuesta ideal o perfecta, pero fue la única -entre muchas- que avanzó y ganó cuerpo. En lo personal, destaqué desde el inicio la fuerza movilizadora que tuvo la propuesta de los juristas independientes. Para mí, suficiente y válida para dejarle saber al poder central (y a los otros poderes locales) que los bolivianos estamos hartos del abuso, de la prepotencia y del control político que va en aumento mes a mes. Me tranquiliza saber que la mía es una de esas 833.115 firmas, firmas que pudieron ser muchas más si no hubieran surgido tantas cortapisas que frenaron el trabajo voluntario en calles, barrios e instituciones o empresas asentadas en los diferentes departamentos de Bolivia.

Tal vez faltaron voluntarios para sostener las mesas y los libros puestos en circulación para recabar las firmas. Tal vez faltó más información sobre el proceso. Podemos sumar muchas otras carencias, pero ninguna de ellas esté por encima de algo que sobró: miedo. Sí, miedo o cálculo político y económico, como pudieron evidenciar las brigadas puestas en marcha en ciudades y zonas rurales. Lo dice el informe del comité cruceño impulsor de la cruzada nacional por la transformación de la justicia: “Enfrentamos obstáculos más grandes de lo que pudimos haber previsto. A la dificultad de llegar a más gente se sumó el más grave y el más triste, el miedo.”

Sí, el miedo tanto de empleados públicos y sus familiares, como el de muchas empresas e instituciones que no quisieron abrir sus puertas a los libros, con miedo de que los datos personales que debía ponerse en los libros fueran mal usados por instancias públicas, dice textualmente el informe del comité cruceño impulsor de la cruzada. ¿Cómo se llama esto, si no control político? No es fantasía, existe. Ya lo habíamos puesto sobre la mesa hace un tiempo, al enfrentar situaciones muy tristes como periodista: la negativa de cada vez más personas a decir lo que piensan, a compartir sus análisis, lecturas o críticas sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno y su partido.

Falta de voluntarios para llegar a más lugares, falta de canales de difusión y exceso de miedo se sumaron a los obstáculos formales ya existentes, impuestos por una normativa que dificulta el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, entre otros el de la consulta popular o iniciativa ciudadana, a la que sumaron otras trabas más señaladas por el Tribunal Electoral, como fue la de exigir la digitalización de todas las firmas registradas en los libros entregados a los impulsores de la cruzada. Por supuesto que a este escenario adverso a la cruzada hay que incorporar la apatía de muchos ciudadanos que son rápidos en la crítica y en los lamentos, pero lentos en la acción.

Sin embargo, pese a la desazón y al sabor amargo que deja la evidencia -no se logró llegar al millón y medio de firmas requeridas para avanzar hacia el referéndum para la reforma parcial de la Constitución-, hay también una luz de esperanza que vale la pena rescatar, ya puesta de manifiesto por el mismo comité cruceño impulsor de la cruzada. Y esa luz de esperanza está también reflejada en la cifra del lamento: son 833.115 personas que no se amilanaron, que decidieron estampar sus firmas en los libros del sueño realizado y que se constituyen ahora en una base importante de ciudadanía movilizada.

Acá un dato a destacar: la mayor cantidad de firmas fue lograda en Santa Cruz, 304.099, más de un tercio del total, el doble de firmas logradas en La Paz (163.942), y que representó el 80 por ciento de la meta a alcanzar en el departamento. Son resultados a tomar en cuenta a la hora de medir no solo el descontento ciudadano frente a los abusos del poder y la falta de justicia, sino también la capacidad y determinación de actuar para contrarrestarlos.