Ante una segunda suspensión de la preselección de magistrados por un recurso constitucional presentado por un diputado de Creemos, el MAS plantea elaborar una ley transitoria para garantizar las Elecciones Judiciales de este año. El Gobierno es más amplio y se abre al debate con la oposición ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decida eliminar los comicios. Las alianzas opositoras temen que exista una prórroga de mandato de las autoridades judiciales o un interinato por decreto presidencial.

“A través de la Ley 960 del 23 de junio de 2017, se hizo la preselección de jueces. Ahora no podemos tener las elecciones con una resolución sino tenemos que hacer a través de una ley. Si ese es el camino al margen de intereses políticos, nos toca que la Asamblea y la Comisión trabajen una ley transitoria y garantizar la preselección de autoridades. Tenemos que elaborar una ley transitoria de forma inmediata”, dijo el diputado Froilán Mamani, del MAS.

El oficialista aclaró que con la ley se deberán acortar los tiempos de la preselección de candidatos y dijo que, de no ser posible, se “verá alguna alternativa” porque el mandato de los magistrados fenece el 3 de enero de 2024.

A cuatro días de concluir la recepción de postulaciones para los altos cargos del Órgano Judicial y con solo 30 precandidatos de los 96 que se requieren, un recurso de inconstitucionalidad planteado por el opositor Fabián Ayala suspendió de forma provisional la Resolución 007/2022-2023 del 20 de abril de la Asamblea Legislativa y todos los actos emergentes hasta que el TCP tome una decisión.

Es la segunda vez que se frena el proceso. En abril se presentaron al menos cuatro amparos contra la convocatoria y el reglamento de preselección que obligó al Legislativo a hacer modificaciones para continuar con el proceso por los plazos ajustados.

Con la nueva determinación del TCP, crece el temor de la oposición de que el oficialismo elabore una ley de prórroga de mandato o un decreto presidencial para designar interinos. El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), advirtió que estas dos opciones son inconstitucionales y aseguró que una posible convocatoria al debate por parte del vicepresidente David Choquehuanca no tiene legitimidad por sus últimas actuaciones en Asamblea.

“Cualquier de esas alternativas es un golpe al Estado de Derecho y a la democracia. Es pretender altos jueces de facto sin ninguna legalidad ni legitimidad, ya sea que opten por prorrogar inconstitucionalmente a los jueces cuyo mandato vence inexorablemente a fines de este año o ya sea que opten por designar por decreto a nuevos jueces a la medida de los intereses del MAS”, manifestó

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, aseguró que el MAS continuará en su intento por garantizar las elecciones judiciales y desmintió que exista la intención de prorrogar el mandato a los actuales magistrados.

“Estamos analizando cuáles son las vías porque hay plazos perentorios. Quiero desmentir que se pretenda prorrogar los actuales administradores de justicia. No es cierto. Siempre vamos a intentar cambiar las autoridades como establece la norma y todo dentro de la norma”, afirmó.

Sin embargo, el panorama no se limita a evaluar una nueva ley de preselección. El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que el TCP podría eliminar el voto popular para elegir magistrados y como respuesta propuso un gran consenso con todos los actores políticos para transformar la justicia.

“Hay muchas posiciones en este momento, una de ellas inclusive plantea que no haya elecciones judiciales y que busquemos otros medios, caminos y alternativas, e inclusive eventualmente una reforma constitucional”, explicó la autoridad.

Ante eso, Lima remarcó la necesidad de un debate amplio para analizar todas estas opciones. Por ello, desafió a los políticos a sentarse a dialogar para alcanzar acuerdos. Pero primero señaló que el vicepresidente del Estado tiene 15 días para responder al TCP y luego la entidad constitucional deberá emitir un fallo en al menos 45 días.

“El TCP va a tener que responder al país sobre la manera de encarar esta elección judicial. Este escenario nos llama a una profunda exhortación: no es posible que quienes van a resolver este tema desde el Tribunal Constitucional puedan estar presentando candidaturas, eso mostraría claramente un conflicto de interés”, aclaró el ministro.

Otra arista del conflicto son los plazos para llevar adelante los comicios judiciales. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi señaló que la institución electoral requiere plazos “idóneos” de al menos 150 días como dicta la norma y que a la fecha les quitaron 60 días. Alertó que un último plazo se cumpliría el 6 de agosto, fecha en que la Asamblea debería entregar las listas de precandidatos.

El siguiente escollo en caso de que la preselección de jueces avance a través de una ley es la aprobación de las ternas de candidatos con dos tercios de voto que el MAS no tiene y que la oposición niega entregar. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que los asambleístas deben estar por encima de intereses sectarios y “tienen que tener la responsabilidad frente a sus representados”.

Recomendó enfocarse en cómo controlar el desempeño de los magistrados, independientemente de la forma de elección.

Rol de Creemos

La nueva suspensión de la preselección de jueces dejó en evidencia la fragmentación de Creemos y surgieron críticas a los disidentes a quienes acusan de “alinearse” al Movimiento Al Socialismo.

El jefe de bancada de Creemos en Diputados, Fabián Ayala, dijo que el recurso de inconstitucionalidad que presentó la pasada semana responde a que el proceso de preselección “nació viciado” e insistió que el MAS intenta manejar la justicia. “No podemos permitir seguir jugando bajo las reglas del MAS”, manifestó.

El senador Henry Montero afirmó que los ‘camachistas’ de Creemos no avalan ni conocen el recurso de su colega Ayala. Lamentó que el diputado “disidente” se esté prestando a que el MAS busque nombrar a los nuevos magistrados por “decretazo”.

La diputada Fabiola Guachalla lamentó que haya críticas contra Ayala y ratificó que el objetivo del recurso es evitar el “pasanaku” de los magistrados a través de una nueva convocatoria.