El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé habló con EL DEBER sobre el freno a la preselección de altas autoridades del Órgano Judicial, las competencias “irrestrictas” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al emitir fallos que sobrepasan a otros órganos de poder y la postura de la oposición en la Asamblea Legislativa a la que calificó de “irresponsable”.

- ¿Cómo evalúa el proceso de preselección?

Tengo algunos criterios. El primero es que la crisis judicial es mucho mayor que la sola elección de 26 magistrados que no resuelven sino el 2% de las causas en Bolivia.

Tampoco estoy de acuerdo con que se continúe eligiendo altas autoridades judiciales por voto popular porque se carga esa responsabilidad al pueblo. Un voto popular no va a convertir a un ciudadano en más probo ni va a legitimar absolutamente nada. Se debe incorporar un proceso de reforma constitucional que modifique los términos de la elección de jueces y otros aspectos.

El tercer punto es que las circunstancias actuales no dan margen de tiempo para una modificación constitucional y hay una dificultad adicional que se refleja en las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Hay un debate pendiente sobre los alcances del control judicial de la constitucionalidad, es decir, sobre los alcances y competencias del TCP que de un tiempo a esta parte emite fallos que lo convierten en una suerte de colegislador o de instancia judicial suprema que puede estar por encima de las decisiones de otros órganos.

Estamos frente a un TCP sin reglas de autorrestricción y, en muchos casos, evade sus propias limitaciones y competencias, así lo hizo convirtiéndose en un intérprete legislativo en el tema de la reelección y lo hizo emitiendo un comunicado dando validez a la presidencia de Jeanine Añez.

Finalmente, subrayo que es más importante el desempeño de un juez, a que quién lo haya elegido o nombrado.

- ¿Esta ilimitada competencia del TCP está generando problemas con las elecciones?

El diseño constitucional del TCP tiene falencias que deben atenderse. La principal es que no tienen una regla de autorrestricción y el TCP no puede invadir las competencias en otras materias so pretexto de control de constitucionalidad.

Yo me inclino a no eliminar el TCP ni mucho menos, sino que debemos coexistir razonablemente. A mí me parece que el TCP ha dado muestras de sobrepasar las competencias del Legislativo cuando interpretó el Pacto de San José para la reelección, sobrepasó las competencias del Tribunal Electoral cuando vía medidas cautelares definía con criterios contradictorios el tema del domicilio de los candidatos y ahora está sobrepasando las competencias legislativas y judiciales al frenar procedimiento de ese orden.

- ¿Un decreto o una ley son constitucionales para elegir jueces?

Yo creo que debe continuar el procedimiento de selección de las listas y someter las condiciones de la elección porque la Constitución no ha sido modificada. Creo que la Asamblea Legislativa debe dar muestras de racionalidad, de cumplimiento con la Constitución para avanzar en ese trámite y, en ese caso, acelerar la emisión de las listas evitando producir normas que puedan ser abiertamente contrarias a la Constitución.

Lo que sí es que la solución no debe pasar, sería un verdadero error e inconstitucional, por designaciones por decreto.

- Existe otra traba, la oposición señaló que no daría sus votos para aprobar la lista de candidatos, ¿cómo se puede superar ese escollo?

Encuentro que nuestra Asamblea Legislativa tiene que estar por encima de intereses sectarios o partidarios de la oposición. A juicio personal, es un exceso de contención política que debe sufrir la institucionalidad democrática. Tienen que tener la responsabilidad frente a sus representados que somos.

Hay otras autoridades que deben ser nombradas por el Legislativo y no lo hacen por esta contención y desafecto político-partidario que tienen entre ellos. Yo encuentro que eso es altamente irresponsable por parte de esas acciones so pretexto de que no tienen confianza en ellos no dejan a la población sin autoridades o con los riesgos de que se expandan los términos de vacancia.